El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su disconformidad con el reparto de las ayudas por sequía aprobadas por el Ministerio de Agricultura, que dejan fuera al sureste de la comunidad. Estas ayudas proceden de la Reserva Agrícola de la Comisión Europea, que ha asignado a España un total de 68 M€, de los cuales 53 M€ están destinados a paliar los efectos de la DANA y 15 M€ a la sequía.
El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, considera que la exclusión de su territorio es una «injusticia manifiesta», y han trasladado su protesta directamente a la secretaria general del Ministerio. Según argumentan, zonas como la provincia de Albacete y la Manchuela conquense sufren una sequía extrema desde hace tres años consecutiva, situación que ha sido comunicada reiteradamente al Ministerio junto con informes técnicos que cuantifican los daños.
Los informes elaborados por la Junta y la Subdelegación del Gobierno en Albacete, basados en datos de la AEMET, evidencian pérdidas de hasta el 90 % en cultivos como cereales de invierno y leguminosas, además de graves afecciones en viñedos, olivares, frutales de hueso y almendros, donde en algunas comarcas se ha registrado la pérdida total de las plantaciones. También se han observado impactos en la masa forestal de la zona.
El Ejecutivo autonómico destaca que el Ministerio activó recientemente ayudas específicas para los frutos secos (almendro, avellano y algarrobo) en zonas con pluviometría anual inferior a 300 mm en los últimos diez años, incluyendo municipios de Albacete como Ontur, Tobarra, Albatana, Hellín y Liétor. Por ello, consideran contradictorio que ahora se niegue la inclusión de la región en las ayudas de la Reserva Agrícola.
Ante esta situación, la Junta ha solicitado formalmente al Ministerio que reconsidere su decisión e incluya a Castilla-La Mancha en el reparto de fondos, recordando que en mayo de 2024 ya se solicitó la ampliación del Marco Temporal de Ucrania para mitigar el impacto de la sequía en estas comarcas.
Además, el Gobierno regional está perfilando una línea propia de ayudas para los agricultores profesionales afectados en el sureste de la comunidad, con el objetivo de paliar la falta de apoyo estatal y asegurar el sostenimiento de las explotaciones.
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