La Unió Llauradora lamenta profundamente el reciente acuerdo firmado entre el Consejo Regulador de las IGP Turrón de Jijona y Turrón de Alicante y la Asociación Española de Productores de Almendra Ecológica y Convencional (AEPAEC), con sede social en Minglanilla (Cuenca).
A juicio de la organización, este convenio, lejos de ser una solución, no garantiza ni precios ni volúmenes mínimos de suministro para la almendra autóctona. En su lugar, los grandes turroneros industriales amparados por estas IGP han preferido acuerdos ambiguos que no comprometen realmente a proteger la producción local de almendra, dejando de lado a los agricultores. Paradójicamente, estas industrias se benefician de la promoción de la indicación geográfica de Jijona y Alicante, que evoca tradición y calidad, pero omiten cualquier garantía de que la almendra y la miel empleadas sean de origen local.
Las modificaciones en el pliego de condiciones de las IGP Turrón de Jijona y Turrón de Alicante suprimieron cualquier referencia al origen de las materias primas. LA UNIÓ ya denunció en su día esta decisión, que la Conselleria de Agricultura rechazó atender. Sin requisitos sobre el origen, los turrones etiquetados bajo estas IGP pueden contener almendra importada, mayoritariamente de Estados Unidos, y miel de diversas procedencias, dejando en desventaja a los agricultores y apicultores valencianos.
LA UNIÓ señala que «en un producto ligado a su origen, como es el turrón de Jijona y Alicante, resulta inaceptable que no se prioricen las materias primas autóctonas. Los consumidores tienen derecho a saber si la almendra o la miel provienen de la Comunitat Valenciana o, por el contrario, son importadas. Sin esta transparencia, se induce a error y se desvirtúa la esencia del producto».
Ante este escenario, LA UNIÓ insta a la Conselleria de Agricultura a que impulse la creación de una marca de calidad específica para la almendra de la Comunitat Valenciana, que permita garantizar al consumidor que adquiere un producto de aquí y de gran calidad. Esta medida sería una herramienta para revalorizar la almendra autóctona en los mercados y diferenciarla de productos importados que no cumplen los mismos estándares de calidad ni sostenibilidad. Asimismo, se propone que únicamente se concedan ayudas de la Generalitat Valenciana a aquellos fabricantes de turrón que certifiquen el uso de almendra de la Comunitat Valenciana, incentivando así a las pequeñas empresas artesanas que sí apoyan la economía valenciana y generan empleo en nuestras zonas rurales. En este sentido, el Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante ha recibido, este año, un total de 97.914,58 euros que la Conselleria de Agricultura concede a los órganos de gestión de las figuras de calidad. De este importe, 12.796,13 euros, los ha destinado el Consejo Regulador a pagar parte de sus costes de las actividades de promoción e información. El resto han sido destinados para sufragar los costes de control y certificación. Todo, sin una garantía de uso de materias primas valencianas. LA UNIÓ indica que, con el dinero de todos los valencianos, “se está ayudando a los productores de almendras y miel de otros países, algo que es intolerable y que el conseller Barrachina debería cerrar el grifo de las ayudas públicas valencianas a los que se benefician de un origen sin usar la materia prima de los agricultores y apicultores valencianos.”
De cara a la próxima Navidad, LA UNIÓ recomienda a los consumidores que elijan turrones de productores artesanos, estén o no dentro de las IGP Turrón de Jijona y Turrón de Alicante. Muchos de estos artesanos trabajan con almendra y miel autóctonas, garantizando así la calidad y la sostenibilidad de su producción. Al carecer de capacidad para importar materias primas, dependen exclusivamente de los agricultores valencianos y españoles, generando un impacto directo y positivo en la economía rural.
El convenio firmado entre la IGP y AEPAEC, que promete “utilizar almendra española”, es una declaración de intenciones que carece de mecanismos para ser efectiva. Sin garantías de etiquetado de origen, volúmenes mínimos o precios justos, este acuerdo es “puro papel mojado y una muestra más de greenwashing o lavado verde”, afirma la organización. Los productores de almendra de la Comunitat Valenciana siguen enfrentándose a precios ruinosos, altos costes de producción y una competencia desleal con almendra importada de calidad inferior y mayor huella de carbono. Ni las autoridades ni los organismos responsables de proteger nuestras figuras de calidad han tomado medidas reales para corregir esta situación.
Por todo ello, LA UNIÓ reclama al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina un apoyo activo a la producción valenciana fomentando el uso de almendra valenciana en los productos amparados por las IGP Turrón de Jijona y Turrón de Alicante. Además, deben exigir transparencia en el etiquetado para informar al consumidor sobre el origen de las materias primas utilizadas y, finalmente retirar las ayudas públicas al Consejo Regulador de las IGP mientras no se garantice un uso prioritario de almendra y miel locales. «Es hora de que las autoridades valencianas defiendan a nuestros agricultores. No podemos permitir que un producto emblemático como el turrón ignore su origen valenciano en favor de importaciones masivas y acuerdos que benefician solo a las grandes industrias», concluye LA UNIÓ.
Es insólito que se tenga que hacer una reivindicación tan lógica como es la realizada desde un Sindicato de productores como es la Unió de Llauradors al pedir que una D.O. o IGP que precisamente tienen su razón de ser en la especificidad del origen de los productos que elabora -al margen de otras consideraciones más sibilinas- que adquiera sus materias primas de la zona de actividad o pais en donde se ubica su actividad. En este caso la almendra de variedades españolas y miel de igual procedencia. Conviene recordar que el turrón según los historiadores -y que gusta decir a las empresas elaboradoras- es un producto que tiene un origen en la colonización árabe (siglos VIII a XV) en donde a partir de productos que se implantaron con ellos en la zona tal como el almendro y del aprovechamiento de la miel producida por las abejas en la abundante flora de la zona sita en cohabitación con cultivos y zona forestal, con abundancia de un sotobosque lleno de plantas aromáticas y medicinales, se elaboró el dulce o turrón con los ingredientes típicos de la zona obteniendo así un valor añadido a esas materias primas. En las fábricas más antiguas de Jijona conservan el recuerdo de aquella mano de obra que manualmente descascaraban la almendra y repelaban sometiendolas a procesos de cocido y posterior tueste en hornos denominados “árabes “. Ahora que las fábricas productoras adquieren las materias primas transformadas en un proceso de externalización de lo que era una fase de la elaboración de turrón, lo cual es lógico porque los avances tecnológicos así lo imponen, pretenden imponer que la almendra utilizada pueda ser de cualquier procedencia -española o americana- obviando así lo sustancial del producto y razón de su especificidad reconocida. Lo peor del caso es que precisamente las autoridades administrativas agrarias (UE, Mapa y Conselleria de Agricuktura de la G.V.) se inhiban de esta cuestión y permitan que pueda utilizarse almendra de otras procedencias obviando sus obligaciones para con los productores de almendra nacionales. Mención aparte merece el “paripe” o acuerdo realizado por esa Asiciacion que dice ser de productores al no exigir de manera fehaciente el compromiso de adquirir únicamente almendra española. Como uno ha sido funcionario en la Generalitat Valenciana y tiene memoria, convendría recordar que cuando entramos en la UE antigua CEE, se promulgaron unos reglamentos comunitarios y decretos y órdenes nacionales y autonómicas incluida la valenciana, que tenían como objetivo instituir unas ayudas para modernización de la industria agroalimentaria a las que se acogieron prácticamente todas las industrias del turrón. En ellas, uno de los requisitos que se establecía era que debían servir también al sector agrario de base que les suministraba las materias primas fundamentalmente almendra y miel, y al objeto de dar estabilidad a esa relación asegurando una salida de su producción al agricultor. En aquellos momentos como las ayudas eran de concurrencia competitiva se valoraba y puntuaba más a la hora de adjudicar las ayudas a aquellas empresas de turrón que justificaban mediante contratos de suministro con productores de almendra nacionales no americanos, que esa relación existía y estaba formalizada en documentos privados. Las ayudas comunitarias agroalimentarias su razón de existir precisamente estribaba en que la mejora de la actividad de ellas reforzaría las salidas comerciales a los productores agrarios de base y mejorando su viabilidad. Ahí radica precisamente la razón de ser de la protección jurídica que se da desde las Administraciones Públicas a las figuras con Denominaciones de Origen Protegidas. Por tanto y en definitiva es obvio que existe una obligación y no solo moral, por parte de la Administración y de las empresas amparadas en figuras como la D.O./IGP de apoyar al sector agrario de base productor de almendra y para ello deben comprometerse de manera fehaciente a adquirir almendra española y no de otra procedencia.