Las ayudas habilitadas por el Gobierno a la renta de los agricultores y ganaderos afectados por la dana, que recibirán a fondo perdido, estarán exentas de tributación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades, por lo que los importes que correspondan no estarán sujetos a ninguna deducción.

Esta exención fiscal se recoge en la disposición adicional decimosexta del tercer real decreto con medidas de apoyo para las zonas y personas afectadas por la dana que aprobó el Consejo de Ministros la semana pasada y que fue publicado el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ha habilitado un paquete de medidas de apoyo al sector agrario valoradas en 444,5 millones de euros, de los que 200 millones se destinan a estas ayudas directas a agricultores y ganaderos (Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre). Los beneficiarios de estas ayudas no tendrán que realizar ningún trámite previo para acceder a las ayudas. Las peritaciones que se realicen a sus explotaciones determinarán si han sufrido pérdidas de al menos el 40 % en su producción, requisito establecido para tener derecho a la ayuda. El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) les ingresará de forma directa la cuantía a les corresponda, hasta un máximo de 25.000 euros por explotación.

El Ministerio de Agricultura y Agroseguro han firmado un acuerdo tramitado por vía de emergencia por el que 140 peritos se desplegarán en los próximos días en los 112 municipios afectados afectados para examinar y evaluar los daños sufridos por las explotaciones agrarias a consecuencia de la dana.

Las medidas específicas para el sector agrario destinan también 170 millones de euros a la reparación del potencial productivo dañado (caminos, redes de riego e infraestructuras de las explotaciones), que ejecutará la empresa pública Tragsa.  Además, se consigna un presupuesto de 10 millones de euros en ayudas para la reposición de maquinaria agrícola dañada.

Otros 60 millones de euros van a financiar la línea de préstamos DANA/ICO-MAPA-SAECA, que está previsto lanzar en el mes de diciembre, para que las entidades financieras la puedan ofrecer a principios del próximo año. Asimismo, 4,5 millones de euros van a facilitar el desarrollo de actuaciones, sobre el terreno, para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Este paquete de medidas busca acelerar la normalización económica y social de las zonas afectadas, facilitar el relanzamiento de las explotaciones agrarias y apoyar al comercio alimentario de proximidad.