El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido ayudas directas de carácter singular por un valor total de 4.342.112,1 euros a 18 entidades que trabajan en el fomento de los sectores agrario y pesquero y en las que concurren circunstancias excepcionales de interés general, mediante un real decreto publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Los beneficiarios de estas ayudas tenían subvenciones nominativas recogidas en la anterior Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero por la prórroga presupuestaria para 2024 se hacía necesario este real decreto, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, para asegurarlas en el presente ejercicio y regular la concesión de este tipo de ayudas. En el caso de la ayuda a la Red de Espacios Test Agrarios, se trata de una nueva concesión que pretende fomentar una forma innovadora de movilización de tierras y relevo generacional, en coherencia con las prioridades europeas y del ministerio en esta materia.

La concesión de estas ayudas se justifica en el carácter estratégico de los sectores agrario, pesquero y alimentario, por su relevancia económica y social, con una aportación decisiva al Producto Interior Bruto nacional y a la balanza comercial española y, sobre todo, porque garantizan la seguridad alimentaria de la población. Así mismo estas actividades tienen un fuerte impacto en la vertebración territorial y social del territorio y en la fijación de población en las zonas rurales.

Con estas ayudas se mejora el funcionamiento del sector primario, con atención a elementos esenciales de su actividad considerados de carácter prioritario por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto respecto de la necesaria defensa de la calidad de la producción y los mercados agrarios y alimentarios, como con la protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible.

Las entidades beneficiarias promueven también la investigación y el estudio en las ciencias agroalimentarias, del mar y ambientales y refuerzan los aspectos vinculados con la transformación y comercialización de los productos acuícolas a través de la innovación. También se apoya la promoción de las organizaciones de productores y la interlocución en el sector y la conformación de un sistema de seguros agrarios combinados eficiente y que se adecúe a la permanente evolución del sector en dicho ámbito.

Las entidades que podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, y el objeto e importes máximos, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, son los siguientes:

1. Federación Nacional de Comunidad de Regantes de España (Fenacore),  para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a las Comunidades de Regantes de España (80.000 euros).

2. Red Estatal de Desarrollo Rural, para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible (55.000 euros).

3. Red Española de Desarrollo Rural, para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible (100.000 euros).

4. Red de Espacios Test Agrarios, para acciones de difusión y promoción de los Espacios Test Agrarios para el relevo generacional en el sector agrario. (80.000 euros).

5. Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, para la captación de conocimiento y transferencia de tecnología a través de proyectos de I+D+i, servicios tecnológicos y formación. (250.000 euros).

6. Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de esta dieta saludable y los productos que la componen (40.000 euros).

7. Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución de actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario. (580.949,60 euros).

8. Cooperativas Agroalimentarias de España, para el desarrollo de diversas actividades de mejora de la competitividad y modernización de las cooperativas agroalimentarias y la formación, igualdad y relevo generacional en los consejos rectores (971.162,50euros).

9. Sociedad Mercantil Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, para el desarrollo de sus actividades. (400.000 euros).

10. Asociación de Sociedades Organizadoras de Carreras de Caballos, para apoyar la cría de caballos y yeguas nacidos en España con el fin de impulsar el sector equino nacional. (300.000 euros).

11. Fundación AZTI para el desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía. (239.000 euros).

12. Extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, para garantizar su funcionamiento como órgano encargado de la liquidación de los derechos y obligaciones patrimoniales de la Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. (188.000 euros).

13. Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (Ceigram) de la Universidad Politécnica de Madrid, para atender gastos que aseguren y den continuidad a su funcionamiento con el objetivo de desarrollar su actividad investigadora, de formación y divulgación en materia de riesgos agrarios y medioambientales. (93.000 euros).

14. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) para la realización de actividades de fomento y de apoyo a los seguros agrarios. (218.500 euros).

15. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -Iniciativa rural (COAG-IR) para la realización de actividades de fomento y de apoyo a los seguros agrarios. (218.500 euros)

16. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) para la realización de actividades de fomento y de apoyo a los seguros agrarios. (218.500 euros).

17. Cooperativas Agroalimentarias de España, para la realización de actividades de fomento y de apoyo a los seguros agrarios. (218.500 euros).

18. Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para la realización de actividades de apoyo al seguro agrario. (91.000 euros).

Estas ayudas se conceden de manera directa, ante la necesidad de garantizar la máxima seguridad posible en la actividad agraria, pesquera y alimentaria y atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada, y dado que concurren razones de interés público que determinan la improcedencia de su convocatoria pública.