La Generalitat Valenciana ha tomado la decisión de prohibir, con carácter general y sin matices, las quemas agrícolas hasta el 16 de octubre. Según destaca el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, “dejar los restos de poda secándose durante seis meses es un polvorín y esta medida, tal como está redactada, puede resultar peor que la enfermedad al generar más incendios en el medio rural de los que se quieren prevenir”.

Aspectos de la decisión que AVA-ASAJA cree que se deberían mejorar:

• La prohibición de quemas no diferencia entre los campos que están a menos de 500 metros de masa forestal de los otros, donde lógicamente no existe el mismo riesgo de incendio.

• No introduce medidas preventivas o correctoras (como la obligación de contar con el permiso del ayuntamiento, disponer de un tanque de agua, etc.) que permita quemas particulares con la máxima seguridad posible.

El sector agrario se encuentra en estos momentos del año en plena época de poda de los cultivos leñosos, así como de arranque de árboles para transformación de las explotaciones. Estas labores, que tienen que hacerse ahora en consonancia con el ciclo natural de las plantaciones, van a dejar en el suelo multitud de restos vegetales que representan un reservorio de plagas y enfermedades y una cantidad excesiva de biomasa con potencial riesgo de incendio.

Por ello, AVA-ASAJA solicita al gobierno valenciano que incluya la posibilidad legal de autorizar quemas agrícolas con condiciones de seguridad y en aquellos momentos puntuales en los que la situación climática cambie y exista menos riesgo. En todo caso, la asociación pide un plan serio para subvencionar trituradoras a nivel particular o colectivo. Una gran parte del sector agrario valenciano ya tritura los restos de poda, pero hay agricultores que sólo pueden recurrir a la quema, sobre todo en aquellas parcelas con difícil acceso de la maquinaria, ya sea por el marco de plantación como por la orografía.

Asimismo, AVA-ASAJA insta a las distintas administraciones a mejorar la limpieza de los barrancos y los espacios forestales de propiedad pública, ya que la biomasa acumulada en los mismos contribuye a aumentar el número y la gravedad de los incendios. 

Por otro lado, la organización agraria La Unió Llauradora insta a la Generalitat a emitir una nota aclaratoria sobre la situación de las quemas agrícolas acerca de las distancias, excepcionalidades o cómo deben pedir de forma ágil y rápida los agricultores una solicitud de motivo debidamente justificado. Además, solicita que el período de autorización de las quemas agrícolas y márgenes se adapte a la realidad agrícola de cada año y zona según las necesidades de las diversas localidades y sobre todo a las circunstancias meteorológicas.

Propone un sistema para que en función de lo que dice el Nivel de preemergencia de la Generalitat se pudiera quemar allá donde el riesgo de incendio sea de nivel bajo/medio, puesto que incluso se puede consultar a nivel de cada municipio. Por ello la organización agraria aboga por dotar a los Ayuntamientos de más competencias para gestionar las quemas y delimitar las zonas en sus términos municipales.

LA UNIÓ también apuesta por incentivar la ganadería extensiva para prevenir incendios y por pagar a los agricultores y ganaderos por los servicios que prestan a la sociedad. Así, propone una ayuda por cultivar las franjas agrícolas que limitan con las áreas forestales, algo que evitaría un gran número de incendios y ahorraría una gran cantidad de dinero público, ya que esos terrenos agrícolas son los primeros que se abandonan por su baja rentabilidad. Las ayudas del segundo pilar de la PAC -desarrollo rural- son en las que los Estados y, sobre todo las comunidades autónomas, disponen de un cierto margen de maniobra para su enfoque y ahí podrían incluirse estas.