La ventaja de que el transporte por carretera sea el único sector económico en España que cuente con un régimen sancionador de lucha contra la morosidad se nota en los menores plazos en que se pagan los servicios que prestan los transportistas en comparación con otros sectores de actividad, que llegan a triplicar e incluso cuadruplicar dichos plazos de pago, aunque aún seguimos lejos del objetivo de que se pague a menos de 60 días máximo como marca la ley.
Así, en el pasado mes de Noviembre pasado se produjo un leve repunte en los plazos medios de pagos, frente al mes anterior, situándonos en una media de 70 días, como ha constatado el último Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera, que FENADISMER continúa elaborando mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.
Ello se traduce en un ligero aumento de un punto porcentual en el número de empresas cargadoras e intermediarios que incumplen la legislación sobre morosidad, pasando a ser del 55% de los clientes de los transportistas, de los que un 35% lo hicieron a más de 90 días e incluso un 10 % a más de 120 días, esto es, a 6 meses. En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (66%), seguido del confirming (29%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%).
Por ello, FEANDISMER valora positivamente que en el Plan Nacional de Inspección de Transporte para el año 2023 se haya incluido el control de los plazos de pago como actuación prioritaria, con el objetivo de conseguir el pleno cumplimiento y aplicación de la legislación sobre morosidad en el sector del transporte por carretera, ya que si bien se ha podido constatar desde su aprobación una importante reducción aún subsiste un grado significativo de incumplimiento.
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