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COAG vota en contra de la aprobación del Plan Hidrológico del Guadalquivir

30/11/2022

Revisadas las modificaciones y la adenda a la redacción del borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir y no haber sido incorporadas las demandas de COAG, se emite desde esta organización agraria voto particular negativo a su aprobación por parte del Consejo Nacional del Agua, respondiendo a la justificación que se expone a continuación:

  • No se elimina el artículo 18 del Plan Hidrológico que permite ampliar las superficies de regadío. Se transforman así tierras de secano en regadíos con derechos legales de uso de agua, un titulo que ampara irregularidades y actuaciones dudosas para la consecución del recurso.  De esta forma, el plan actual no corrige el déficit estructural que arrastra la cuenca, sino que lo aumenta.
  • El efecto secundario de la aplicación de dicho artículo ha sido el fomento del cambio de cultivos anuales a leñosos, perdiendo la adaptabilidad de la cuenca a los ciclos de sequía. Los nuevos cultivos leñosos tienen preferencia sobre los tradicionales en situaciones de recorte en las dotaciones, ya que prevalece el mantenimiento de la arboleda por encima de los cultivos hortícolas y herbáceos, de marcado carácter social, que generan empleo y cuentan con industrias asociadas muy importantes para el mantenimiento del tejido productivo de las zonas rurales.
  • Se mantiene la figura de los riegos en precario, que es opaca e imposibilita el ahorro de recursos en años lluviosos para almacenar el agua que será necesaria en los años secos.
  • Se mantiene una caracterización de olivar que no responde a criterios técnicos adecuados y genera competencia desleal.

En definitiva, el Plan se presenta sin corregir la gestión que se viene haciendo años atrás y que se demuestra dañina para la cuenca.

Aunque la CHG no es la administración agraria, está incentivando el cambio de cultivos y tomando decisiones que tienen consecuencia directa sobre el modelo agrario y que pueden derivar en un conflicto social.

Desde COAG defienden que el reparto del recurso debe hacerse con un marcado carácter social, de forma que garantice una dotación mínima para el mantenimiento de las explotaciones más vulnerables, con al menos 1 UTA (Unidad de Trabajo Agrario). Apostar por el modelo familiar y profesional de agricultura es la única manera de mantener la sostenibilidad del regadío andaluz en general y de la cuenca del Guadalquivir en particular.

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