En la nueva PAC, se ha introducido el concepto de condicionalidad social, es decir, que para cobrar las ayudas, las explotaciones agrarias deben llevar a cabo buenas prácticas laborales. Según la normativa comunitaria, esta medida entrará en vigor en 2025, pero España ha decidido aplicarla un año antes, es decir en 2024, según ha avanzado el Ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la clausura de las jornadas del grupo de trabajo del sector agroalimentario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-FICA).

El ministro ha señalado que se reforzarán los instrumentos de asesoramiento y formación a los agricultores y ganaderos en materia también laboral y de Seguridad Social.  A este carácter social de la nueva PAC hay que sumar el incremento del presupuesto para incentivar el relevo generacional y la incorporación de la mujer, básicos para asegurar el futuro.

Luis Planas ha valorado los efectos que la reforma laboral de 2022 ha tenido en la reducción de la temporalidad en el sector agrario. Si se compara el periodo abril-agosto 2022 con ese periodo de 2021, los contratos indefinidos han aumentado del 4 % al 48 % y los temporales han disminuido del 95 % al 51 % (en el conjunto de la economía los indefinidos han subido del 10 % al 44 %, y los temporales han bajado del 90 % al 53 %).