El Ministerio de Agricultura ha remitido a la Comisión Europea un documento en el que ofrece una primera respuesta a las observaciones que Bruselas hizo, mediante un carta remitida a Atocha el pasado 31 de marzo. En la respuesta del Mapa se avanza en las principales líneas en las que basará la formulación de la versión final del plan para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.

En el texto se adelantan algunos aspectos de la respuesta formal completa, en cuya elaboración trabaja actualmente el ministerio en diálogo con las comunidades autónomas y con las organizaciones sectoriales, además de con los servicios técnicos de la dirección general de Agricultura de la Comisión Europea. España valora la consideración que la Comisión realiza de la capacidad del plan para contribuir al fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales y atender a las demandas de la sociedad.

En la respuesta, el ministerio informa de que en la revisión del plan estratégico, España tendrá en cuenta el nuevo contexto geopolítico derivado de la invasión rusa de Ucrania. El plan estratégico pretende sentar las bases para que el sistema agroalimentario continúe siendo un sector estratégico de la economía española, por lo que se ha diseñado un uso más eficiente del presupuesto de la PAC con un triple objetivo: una distribución de las ayudas más equitativa; garantizar el cumplimiento de compromisos y objetivos ambientales; y activar un conjunto de medidas para conseguir la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector agrario (inversiones, innovación, formación, asesoramiento y fomento del relevo generacional y reducción de la brecha de género).

En cuanto a plantear una mayor ambición en los objetivos medioambientales y climáticos del plan estratégico, el ministerio señala que éstos se conseguirán con la combinación de las intervenciones incluidas en él y el establecimiento de un nuevo marco regulatorio que afecta a ámbitos relevantes en esta materia. Así por ejemplo, el ministerio recuerda que tiene en tramitación actualmente una nueva normativa sobre fertilización sostenible, el uso de productos fitosanitarios y el de antibióticos en ganadería, que estarán aprobadas a lo largo de este año.

Los compromisos ambientales se reflejan en la dedicación del 43 % del presupuesto de las ayudas directas a medidas relacionadas con el seguimiento climático. Los ecorregímenes van a suponer más de 1.100 millones de euros anuales para remunerar a las explotaciones que adopten prácticas beneficiosas para al medioambiente por encima de la línea base de la condicionalidad. En lo que respecta al segundo pilar, en torno al 50 % del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) está orientado a propuestas con fines medioambientales y climáticos.

El ministerio entiende que el conjunto de la arquitectura ambiental propuesta en el plan estratégico supone un cambio positivo muy significativo en los diferentes ámbitos observados por la Comisión, como el uso del agua para el riego, la lucha contra la erosión y la desertificación, la reducción de emisiones de efecto invernadero y el incremento de capacidad de absorción de los sumideros o la preservación y el fomento de la biodiversidad y de la Red Natura 2000.

En el plan estratégico se reflejará con precisión la integración de las medidas relativas a las ayudas directas (primer pilar) con las propuestas de intervención de desarrollo rural (segundo pilar) en las distintas comunidades autónomas, así como con las actuaciones financiadas con los fondos europeos “Next Generation” (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y PERTE Agroalimentario). El documento remitido a la Comisión está disponible pinchando aquí.