El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. A continuación recogemos algunos de sus aspectos más destacados:

• Desde 2023, los comercios minoristas de alimentación con una superficie de más de 400 m² tendrán que destinar el 20% de su superficie a productos sin embalaje primario. Por ejemplo, mediante la venta a granel o el uso de envases reutilizables; la prohibición de destrucción o la eliminación de excedentes no vendidos de productos no perecederos.

• Nuevas recogidas separadas obligatorias para nuevos flujos de residuos: biorresiduos, textiles, domésticos peligrosos, aceites de cocina usados y voluminosos para su posterior tratamiento diferenciado, bien mediante preparación para la reutilización o mediante el reciclado de calidad, prologando así la vida útil de productos o recuperando materiales para la economía, respectivamente.

• Los biorresiduos de origen doméstico deberán recogerse separadamente a partir de julio de 2022 en las entidades locales con población superior a cinco mil habitantes; y a partir de enero de 2024 para el resto de las entidades locales. En el caso de residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos, su recogida separada deberá estar implantada a partir de 2025.

• Restricción para determinados productos de plástico como cubiertos, platos o pajitas, entre otros.

• La ley prevé la evaluación del cumplimiento de objetivos comunitarios de recogida separada de botellas de plástico de un solo uso, en 2023 y 2027, de forma que, si no se cumplen los objetivos fijados para esos años, 70% y 85% respectivamente, se deberá implantar un sistema de depósito, devolución y retorno en el plazo de dos años, pudiendo quedar afectados otros envases además de las botellas de plástico.

• Introducción de un impuesto estatal a los envases de plástico no reutilizables.

• Previsiones de desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor para los plásticos de uso agrario en el plazo de 3 años desde su entrada en vigor, así como para otros productos de plástico como los del tabaco.

• Nuevas infracciones y sanciones por la quema no autorizada de residuos agrarios y silvícolas, y el no establecimiento de recogidas separadas.