UPA Castilla y León ha solicitado al consejero de Agricultura en el marco del Consejo Regional Agrario que la comunidad autónoma siga los pasos de Extremadura y saque un decreto para regular los usos compatibles de las grandes plantas renovables para así asegurar la actividad agronómica en nuestra región.

UPA CyL va más allá que el Gobierno autonómico extremeño y pide que la Junta de Castilla y León adopte una decisión firme con normativa expresa para que no solo las tierras de regadío sino también los secanos productivos y los pastos buenos no puedan acoger esas grandes instalaciones de energías renovables porque son espacios que se necesitan para la producción de alimentos.

Tal y como han reclamado al Gobierno central semanas atrás, UPA CyL pide una regulación estricta autonómica que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de macroplantas de generación eléctrica, y que se diferencie claramente sobre otros pequeños proyectos compatibles con la actividad agraria y favorecedores de la modernización de las explotaciones agrícolas y/o ganaderas.

UPA justifica esta petición teniendo en cuenta que se hace imprescindible defender el espacio agrario, y por lo tanto blindar los terrenos de cultivo y de pastos frente la ansiedad privada e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, sea bueno o malo,  puesto que bajo nuestro punto de vista agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.

La organización recuerda que aproximadamente un 51 % del terreno está calificado como monte en Castilla y León, que puede suponer alrededor de tres millones de hectáreas, y si alrededor de una tercera parte son pastos `buenos´ aún quedarían dos millones de hectáreas de monte disponibles para estas instalaciones  que no entrarían en conflicto con ningún sector productivo.

Consideran que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como se debe preservar, estando obligada la Administración regional a establecer medidas legislativas en tal sentido.