En el último Consejo de Ministros de marzo, el gobierno aprobó un Real Decreto, que se publicó el pasado miércoles (RD 201/2021) por el que se regula el potencial de producción vitícola (modificación del RD 1338/2018, de 29 de octubre). En dicho RD se limitan las nuevas plantaciones de uva para cava. El sector extremeño considera que se vulnera el derecho de sus productores.

La Junta de Extremadura ya ha anunciado que recurrirá este RD que limita de forma retroactiva los derechos de los viticultores, ya que no se han resuelto de manera favorable las solicitudes presentadas para nuevas hectáreas de cava.

En primer lugar, la Junta recurrirá por la vía administrativa mediante un recurso de alzada, dejando la vía judicial para una segunda instancia. Según la Junta de Extremadura, esta resolución supone una vulneración clara al establecer limitación de derechos con carácter retroactivo, sin que se haya justificado. Considera que, al menos las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la Resolución deberían ser admitidas. Por otra parte, no queda demostrado en el expediente riesgo de devaluación del mercado y más en el período de tres años que opera tal restricción.

Los viticultores extremeños se sienten discriminado por el Mapa

UPA-UCE critica la “parcialidad absoluta” con la que actúa el Ministerio de Agricultura, quien debería trabajar para defender los intereses generales de los productores de uva de toda España, en lugar de favorecer solo a los de una zona concreta como Cataluña.

“La decisión de congelar las nuevas plantaciones de uva para cava nos deja en una situación de bloqueo, que solo beneficia a los productores catalanes mientras se vulneran los derechos de los viticultores extremeños”, denuncia la responsable del vino de UPA-UCE, Catalina García. Los productores de uva extremeños impidiéndoles crecer durante la campaña de 2021 y 2022.

Por su parte, APAG Extremadura Asaja considera que al ministro Planas “poco o nada le importa el campo extremeño”. La decisión del Mapa sigue los dictados el Consejo Regulador del Cava, controlado por productores catalanes, y desoye una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la petición de dicho Consejo Regulador de no autorizar nuevas plantaciones, señalan desde la organización. Consideran que será uy perjudicial para la C. Autónoma en general y Tierra de Barros en particular.