Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- mantuvieron ayer una nueva rueda de prensa en Sevilla para informar del comienzo de un período indefinido de movilizaciones, que dará comienzo esta semana con una tractorada en Cádiz, a la que seguirá una nueva convocatoria en Córdoba y otras provinciales todavía por confirmar. Todo ello, a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan para organizar una gran movilización de todo el sector a nivel regional.
Así lo han manifestado de forma unánime Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; Miguel Cobos, secretario general de UPA-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Los responsables han agradecido la reunión celebrada con el secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, el pasado 24 de febrero, si bien ya en su momento lamentaron que no fuera el propio ministro Luis Planas el que explicara al sector andaluz un planteamiento que tiene como objetivo eliminar los derechos históricos, reducir drásticamente el número de regiones productivas e impulsar un modelo lineal de tasa plana.
Si por parte del Ministerio de Agricultura insisten en que el Real Decreto 41/2021 de convergencia para los años 2021 y 2022 no es dañino para Andalucía, sin presentar informes econométricos que así lo sustenten, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz afirman disponer de estudios minuciosos que demuestran todo lo contrario.
En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.
Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio. Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, que en el peor de los escenarios puede conllevar que Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones de euros que recibe anualmente, sumados el pago base y verde.
Los representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias insisten en el deseo de dialogar con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).
Por tanto, urgen –como ya lo hicieran en febrero- la constitución de una mesa de diálogo con Andalucía, la retirada inmediata del Real Decreto y no despreciar el peso agrario de Andalucía en España, su diversidad productiva y su complejo agroalimentario, buque insignia a nivel nacional y locomotora de creación de empleo, generación de riqueza, con una importantísima contribución a la balanza comercial española en el exterior.
Paralelamente, las organizaciones representativas continúan pidiendo el respaldo de los 778 municipios andaluces, a través de mociones en sus plenos, pues no en vano, más de la mitad de ellos viven de la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Junto a ellos, y de no frenarse este atentado contra el sector, el empleo y la economía de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias planean llevar a cabo una movilización histórica, en cuanto las circunstancias lo permitan.
Ya he dado de baja la domiciliación bancaria de la cuota que me cobraba un sindicato agrario.
Los sindicatos intentan defender a los que cobran más que el resto de profesionales, menuda cuadrilla de apesebrados