Si el lobo entra en el registro de especies protegidas a iniciativa de los animalistas, cuyos votos sostienen a los parlamentarios de Unidas Podemos en el Congreso, y tal iniciativa es llevada al BOE por la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, cuyo Gobierno está a su vez sostenido por los votos de Unidas Podemos, pasarán varias cosas nada buenas para los agricultores y los ganaderos de nuestra región. COAG CASTILLA y LEÓN ha analizado los efectos perversos que acarreará la prohibición del lobo y teme que se produzcan, al menos, ocho escenarios aciagos para el sector agropecuario y el medio rural. 

El lobo ya originó un rosario de pérdidas en los últimos años que el estudio de COAG CASTILLA Y LEÓN cifra en 6,8 millones de euros entre 2015 y 2020. Y tal partida no contempla los ataques que los ganaderos sufren pero no comunican por desconocimiento, burocracia o por no tener seguros. Según nuestras estimaciones, la cifra de los profesionales pecuarios incluidos en este grupo podría incrementar los costes un 15 por ciento como mínimo. De hecho, los pagos abonados solo cubrieron 5,8 millones del total de pérdidas registradas lo que supone que el ganadero tuvo que afrontar al menos un millón de euros de su bolsillo que podría incrementarse en otro millón más por el número de ataques no comunicados a la Consejería.

En la citada horquilla temporal el lobo devoró a más de 20.000 reses y se cebó más con las provincias de Ávila, Zamora y Segovia.

Los ocho escenarios perversos para los ganaderos y el medio rural identificados por COAG CASTILLA Y LEÓN son:

• Se dispararán los ataques al aumentar sin control la población allí donde ya está asentado el lobo.

• El cánido colonizará nuevos espacios no habituados a su presencia, trasladando a estas zonas las problemáticas existentes donde ya habita.

• Aumentarán los accidentes de tráfico por la mayor población de lobo y la necesidad de desplazarse para buscar nuevos territorios. Esta siniestralidad, además del peligro intrínseco para las personas, incrementará a su vez el riesgo de muertes por tropello del propio cánido.

• El lobo es una especie territorial. Por la mayor interacción con perros, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades a estos, así como también cabe pensar en una mayor hibridación con perros asilvestrados, cada vez más numerosos, lo que actuaría contrariamente al interés de mantener una mayor pureza genética.

• No se conocen cuáles serán los efectos sobre otras especies, en especial otras también protegidas y no menos valiosas como el oso, el lince, etcétera. Y está claro que afectará negativamente a razas autóctonas de especies ganaderas en peligro de extinción, y que conforman parte de nuestro patrimonio de denominaciones de calidad e indicaciones geográficas protegidas.

• Aumentará la inseguridad en los pueblos al no sentirse el lobo amenazado por controles y atreverse a frecuentar más los núcleos urbanos.

• Provocará la disminución de la ganadería extensiva con lo cual aumentará el riesgo de incendios en los terrenos forestales.

• La supresión de la caza del lobo disminuiría la financiación de los pequeños municipios de las zonas loberas. Estos ingresos son muy importantes para unos municipios generalmente periféricos, con malas infraestructuras de comunicación terrestre y de telecomunicaciones; poco poblados y muy envejecidos; con unos servicios de sanidad, educación o asistencia social en desmantelamiento y un largo etcétera de dificultades, pero que aun así han conservado gran parte de nuestra biodiversidad, cultura y tradiciones, permitiendo que sus valores hayan llegado hasta nosotros.

Como argumenta Odile Rodríguez de la Fuente, hija del mediático y señero naturalista Félix Rodríguez de la Fuente en la revista COAG INFORMA, imponer la protección al lobo sin buscar un equilibrio puede volverse en contra de los intereses del propio cánido.