El Consejo de Ministros del martes dio luz verde al Real Decreto para la autorregulación del mercado del aceite de oliva, de manera que el Ministerio de Agricultura pueda decidir la retirada temporal de producto, de manera obligatoria para todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario. 

COAG Andalucía ha valorado positivamente esta norma que había sido una demandada por su organización. La única reserva expresada es que no conocen en su totalidad las cifras que rodean el real decreto y los borradores que se enviaron, inicialmente, al sector “no daban unas cifras adecuadas a las necesidades del sector”.

UPA ha valorado la medida. A falta de conocer el texto definitivo, todo parece indicar que el Mapa ha optado por la solución de regular la cantidad que se retira, eliminándose la posibilidad de limitar los rendimientos de producción en aquellas campañas que se considerase necesario.

UPA se posiciona a favor de mantener esa posibilidad, como un elemento de defensa del olivar tradicional, frente al intensivo y superintensivo. El olivar tradicional supone en torno al 70% de la superficie cultivada en España, alrededor de 1,7 millones de hectáreas, de las cuales dependen más de 250.000 familias, concentradas en zonas rurales de Andalucía (70%), Castilla-La Mancha (12%) y Extremadura (10%). Estos olivares ofrecen un aceite de una singularidad excepcional y forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, “y deben ser protegidos”, concluyen desde UPA.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su disconformidad con esta norma, ya que consideran que no incluye instrumentos que sirvan para revertir la crisis de precios que vive el sector. Cree que imponer la retirada o el uso no alimentario de aceite sin contraprestación ninguna a los productores, no es garantía de mejora del mercado y, tal y como se plantea, perjudica sobre todo al olivar tradicional, extensivo y de menor rendimiento.

La organización critica que no hay antecedentes que avalen los efectos positivos de las medidas de regulación aplicadas en el sector del aceite de oliva; todo lo contrario, ya que el almacenamiento privado realizado por la Comisión a principios de 2020, costó cerca de 30 millones € y no logró evitar que los precios descendieran un 9% y las importaciones aumentasen un 164%. En su opinión, el sacrificio que se quiere imponer a los productores, lo pueden arruinar las importaciones, la especulación y el fraude.