El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que permite la autorregulación en el sector del aceite de oliva. La norma desarrolla la aplicación del artículo 167 bis de la Organización Común de los Mercados Agrarios (OCMA) de la UE para fijar los requisitos y el contenido de una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva.
Este real decreto permitirá que el Ministerio de Agricultura pueda decidir la retirada temporal de producto, de manera obligatoria para todos los operadores del sector, hasta la campaña siguiente, e incluso determinar su destino a uso no alimentario. Para tomar esta decisión, que se plasmará en una orden, tienen que darse situaciones de claro riesgo de desequilibrio de mercado. Además, el Mapa realizará una consulta previa a las comunidades autónomas y a los representantes del sector.
De esta forma se pretende favorecer la recuperación de los precios percibidos por los agricultores en situaciones de crisis como las que se han padecido en las dos campañas anteriores.
La financiación de la medida sería por parte del propio sector y el beneficio se produciría por el reequilibrio que generaría en la estabilidad de los mercados y, en consecuencia, en las cotizaciones.
España es líder mundial en producción y exportación de aceite de oliva. De los 2,7 millones de hectáreas de cultivo se obtiene una media anual de 1,4 millones de toneladas de aceite, que es el tercer producto agroalimentario más exportado y llega a más de 100 países. El valor de estas ventas supera los 2.800 millones de euros.
Más de 350.000 agricultores cultivan olivo en 15 de las 17 comunidades autónomas. Su actividad y producto genera, además, más de 32 millones de jornales y más de 15.000 empleos en la industria transformadora.
Existen 31 figuras de calidad diferenciada (indicaciones geográficas protegidas o denominaciones de origen protegidas) que amparan a un producto clave de la Dieta Mediterránea.
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