Los representantes de ASAJA, COAG, COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias, UPA, y ECOHAL de Almería y Granada han decidido, tras una reunión por videoconferencia mantenida esta mañana, la retirada del 30% de la producción comercializable de pepino para intentar frenar la crisis de precios que está sufriendo este producto desde hacer varias semanas.

Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización denuncian la falta de protección de las producciones españolas y europeas, respecto a la competencia desleal de producciones de terceros países ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.

La pasada semana, las organizaciones agrarias y comercializadoras de Granada y Almería retiraron 2.340.000 kilos de pepino con la perspectiva de que, si no había mejora, las medidas podrían endurecerse para lograr una estabilización del mercado con sus propios medios, ya que las altas temperaturas -que están incidiendo en una superproducción en toda Europa- no parece que bajen hasta la última semana de noviembre.

Asimismo, los representantes de las organizaciones del sector de la producción y comercialización solicitarán también a las autoridades regionales y nacionales que defiendan nuestras producciones de la competencia desleal de países terceros ante la pasividad de las autoridades europeas en este conflicto de intereses.

Los representantes provinciales de ASAJA, COAG, UPA, COEXPHAL, Cooperativas Agro-Alimentarias y ECOHAL de Granada y Almería han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de un control de los acuerdos con terceros países como Marruecos y la mayor transparencia posible sobre importaciones, cupos y lo que se está controlando en las fronteras.

Finalmente, el sector insiste en que hay que mejorar los mecanismos de retiradas para que estos lleguen al conjunto del sector, otra de las reivindicaciones que se llevaban hace un año y sobre la que no se avanza, a pesar de que resulta imprescindible, dada la situación.

A finales del año pasado, el sector hortofrutícola se echó a las calles para reclamar cuatro puntos vitales para su supervivencia: sensibilizar a las administraciones de la crisis estructural que atraviesan, acabar con la competencia desleal de terceros países, establecer un fondo paralelo y específico para gestión de crisis para todo el sector hortofrutícola y diseñar con carácter de urgencia, mecanismos a través de reglamentación europea, para evitar imposiciones comerciales de las cadenas de distribución/supermercados. Cuatro reivindicaciones que, a día de hoy y a un año de aquellas masivas protestas, están totalmente incumplidas.