Más de sesenta entidades representativas del mundo rural han suscrito una carta enviada el pasado viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclaman la declaración oficial de la caza como actividad esencial. Asimismo, piden al Ejecutivo y sus ministerios competentes (Sanidad, Interior y Agricultura) que confirme de forma urgente que los desplazamientos puntuales de los cazadores son considerados como una de las excepciones a las posibles normativas de confinamiento.

El escrito –acompañado por un informe técnico del catedrático de Sanidad Animal e investigador del IREC, Christian Gortázar- apoyado por entidades que representan a los sectores agrícolas, ganaderos, alimentarios y cinegéticos de nuestro país y recuerda los posibles efectos que tendría la
paralización de la actividad cinegética en algunas zonas de España cuando acaba de arrancar la nueva temporada. Y es que los confinamientos y las limitaciones de movilidad que ya están sufriendo muchos cazadores están poniendo en riesgo un gran número de acciones cinegéticas.

Ante esta situación alertan de las graves consecuencias que tendría un descenso significativo de la caza durante los próximos meses asociado a las restricciones por la pandemia: “Ocasionarán sin duda una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánicas,
jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España”.

En este sentido, señalan que es especialmente destacable el impacto en la sobreabundancia de jabalíes. Esta especie “crece de forma exponencial” y la reducción de la caza “supondría que en el año 2021 nos podríamos encontrar con un incremento sin precedentes de la población española de
esta especie en varios cientos de miles ejemplares, verdaderamente difíciles de controlar en años venideros y poniendo en grave peligro a las cabañas ganaderas de sectores como el cerdo, vacuno, ovino y caprino, producciones y cultivos agrícolas, etcétera.

Cinco riesgos graves

Las más de sesenta entidades que suscriben este escrito avisan de cinco riesgos asociados a la posible paralización de la caza, todos ellos avalados por numerosos estudios científicos. El primero de ellos se refiere a los riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental (tuberculosis, peste porcina africana-PPA, brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de CrimeaCongo…). Esto sería especialmente grave en el caso de que la peste porcina africana llegase a España.

Asimismo, se registrarían severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana con un incremento de los accidentes de tráfico y posibles afecciones a la viabilidad de infraestructuras como las propias vías férreas.
También son previsibles cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas, ya que se multiplicarán las afecciones en las cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales, así como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo.

Otro efecto previsible de la disminución de la actividad cinegética es la generación de desequilibrios ecosistémicos. En esta línea, el documento remitido a Pedro Sánchez pone de manifiesto que “la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema agrosilvopastoral nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción”. Por último, está el efecto directo sobre el mundo rural, con importantísimas pérdidas económicas y de empleo en zonas que, además, están en especial riesgo de abandono demográfico.

Caza y Covid

Los representantes del mundo rural recuerdan al presidente del Gobierno que hay que tener también en cuenta que por sus características propias y las condiciones en las que se desarrolla, la caza no es una situación “de riesgo” de transmisión del coronavirus, y gracias a las medidas de
protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.

Por todo ello reclaman que se declare oficialmente la caza como actividad esencial y que se incluyan los desplazamientos puntuales de cazadores como una de las excepciones ante posibles confinamientos o restricciones de la movilidad “conforme a la normativa de cada Comunidad Autónoma y siguiendo las guías de bioseguridad para la prevención del COVID-19 promulgadas por las autoridades competentes”.

Entidades que apoyan el documento

El documento ha sido apoyado Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA); Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Interprofesional del Porcino de capa blanca (INTERPORC); Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico (ASICI); Interprofesional de la carne de vacuno (PROVACUNO); Interprofesional agroalimentaria del Ovino y caprino (INTEROVIC); Asociación interprofesional de la carne de caza
(ASICCAZA); Real Federación Española de Caza (RFEC); Fundación Artemisan; Federación Andaluza de Caza; Federación Aragonesa de Caza; Federación de Caza del Principado de Asturias; Federación Balear de Caza; Federación Canaria de Caza; Federación Cántabra de Caza; Federación de Caza de Castilla y León; Federación de Caza de Castilla-La Mancha; Federación Catalana de Caza; Federación de Ceuta de Caza; Federación Extremeña de Caza; Federación Gallega de Caza; Federación Madrileña
de Caza; Federación de Caza de la Región de Murcia; Federación Navarra de Caza; Federación Riojana de Caza; Federación de Caza de Euskadi; Federación Valenciana de Caza; Oficina Nacional de la Caza
(ONC); Asociación de Propietarios Rurales para la gestión cinegética y la conservación del medio ambiente (APROCA ESPAÑA); Asociación de Titulares de Cotos, Cazadores y Actividades Afines al sector cinegético de Castilla-La Mancha (ATICA CLM); Asociación Española de Organizaciones de
Monterías (AEOM); Asociación Española de Industrias de Transformación, Elaboración y Comercialización de Carne de Caza Silvestre (ANICCA); Asociación de Comerciales de Carne Silvestre de España (ACCSE); Asociación del Corzo Español (ACE); Real Club de Monteros (RCM); Junta Nacional de Homologación de Trofeos; Asociación nacional de productores de ganado porcino (ANPROGAPOR); Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC); Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (ANCOPORC); Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto (FEAGAS); Federación Española de la Dehesa (FEDEHESA); Cooperativas AgroAlimentarias de España (CAE); Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC); Unión de Criadores de Toro de Lidia (UCTL); Asociación Nacional de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC); Agrupación de Empresas Cárnicas Exportadoras (AGEMCEX); Confederación Española de Detallistas de la carne (CEDECARNE); Asociación Nacional de Industrias de la Carne de
España (ANICE); Asociación de Rehalas Regionales Caza y Libertad (ARRECAL); Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara. (ATICA Guadalajara); Asociación de Gestores Cinegéticos de España
(AGCE); Asociación de Profesionales de Caza de Extremadura (APROCEX); Asociación Española de Rehalas (AER); Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y la Caza (ADEMAC); Asociación Armera; Federación Sectorial Armera; Federación Española de Galgos (FEG); Spanish Profesional
Hunters Association (APTCE); Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador de Euskadi (ADECAP); Safari Club Internacional Europe; Safari Club Internacional Iberian Chapter; Alianza Rural; Organizaciones Españolas de Caza (OEC); Agrupación de Defensores de la Raza Canina Alano EspañolUAE; Asociación Nacional de Criadores de Galgo Español; y Agrupación para la Coordinación de las Razas Caninas Autóctonas (CERCA).