Las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas exigen responsabilidad a todas las partes implicadas en las operaciones de compraventa de la próxima vendimia
Como cada año llega la vendimia sin que la mayoría de los viticultores conozcan el precio que recibirán por sus uvas. Ante esta situación, ARAG-ASAJA, UPA Rioja y UAGR-COAG exigen que las transacciones de compra-venta de uva cumplan la normativa vigente, es decir, que se realicen mediante contratos que reflejen el precio y los costes de producción, y detallen el plazo de pago.
Respecto a los costes de producción (estimados por la Consejería de Agricultura en 0,65-0,67 €/kg para la uva tinta y 0,54 para la blanca), las OPA recuerdan que esta campaña los viticultores riojanos han tenido que soportar el incremento de costes al tener que aplicar la exigente normativa anti COVID19: La situación sanitaria actual está obligando a los agricultores a adoptar medidas excepcionales en su explotación, medidas que suponen un gasto extraordinario a una campaña normal. A esto se ha sumado además un mayor gasto en fitosanitarios y gasóleo por la aparición de enfermedades en el viñedo.
ARAG-ASAJA, UPA Rioja y UAGR-COAG consideran que la situación del mercado del vino de Rioja no es tan catastrófica como hace unos meses se vaticinaba, ya que los datos de comercialización hasta julio ofrecen un descenso del 11%, muy lejos del 30% que hace meses se pronosticaba Esto unido a las expectativas de cosecha amparada para esta campaña colocará la ratio (relación entre existencias y ventas) en el entorno del 3,6 a final de año, una ratio no muy superior a la de diciembre de 2019 (3,3).
Las organizaciones agrarias riojanas solicitan a las administraciones públicas implicación para que velen por la efectividad y el cumplimiento de estos contratos e insten a las bodegas a pagar la uva a precios dignos, en cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria (modificada tras las movilizaciones del sector agrario al inicio de año). Las tres OPA denunciarán los incumplimientos que les lleguen ante la Agencia de Control e Información Alimentarios (AICA), manteniendo el anonimato de los viticultores afectados.
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