Que el giro a favor de los regantes del sureste español que ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica con la redistribución de las transferencias del Tajo-Segura para dar más regularidad al trasvase y que este se mantenga más meses en el Nivel 2, donde los envíos son automáticos y no dependen de la decisión del gobierno de turno, despierte un gran recelo entre los agricultores alicantinos, no es infundado. Y es que, dada la trayectoria que este Ministerio y su titular han llevado a cabo desde que entrasen en el Ejecutivo, en la que el oscurantismo, la unilateralidad, la falta de diálogo con los regantes del sureste, la anulación de trasvases sin justificación alguna cuando estábamos en nivel 3… nos hacen dudar de estas “buenas intenciones repentinas” y nos inclinamos porque esta sea “una estrategia más” para acabar con el trasvase que sustenta la agricultura de provincias como Alicante, Murcia o Almería.

Es por esto que las alarmas del trasvase han vuelto a saltar tras anunciar el Ministerio que su nueva propuesta de recortar los envíos de agua a través del Acueducto Tajo-Segura cuando se encuentre en el Nivel 2, de 38 a 27 hm3, con el objetivo, según informan, de que el trasvase se mantenga más tiempo en este parámetro y, por tanto, minimizar las situaciones hidrológicas excepcionales y reducir la permanencia en el Nivel 3 (en el que los envíos dependen de una Orden del gobierno de turno) e, incluso, que se pueda volver a cerrar el canal (Nivel 4), como ya ocurriera hace dos años.

“Queremos recordar que antes del confinamiento por el COVID-19 ya conocíamos las intenciones del Ministerio de Teresa Ribera de secar el Trasvase Tajo-Segura mediante la revisión y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo y la redacción del nuevo plan de cuenca para el periodo 2021-2027. No contentos con esta iniciativa la Ministra anunció en pleno estado de shock por la pandemia, y aprovechando que el foco de atención lo acaparaba la crisis sanitaria, la realización de un informe para volver a estudiar las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura con la voluntad de reordenar las asignaciones, es decir, intentando recortar los aportes y disminuir la cantidad de agua que nos pertenece, sin necesidad de modificar la legislación de Evaluación Ambiental que recoge el Memorándum. Lo que se traduce en la recuperación de la denominada cláusula Narbona al anunciar su objetivo de ir recortando el agua del Tajo para sustituirla por agua desalada y residual depurada”, denuncia el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

En este sentido, también queremos recordar que, a raíz de todo lo acontecido con el COVID-19, se nos está olvidando la tabla de salvación de la agricultura de la provincia, que es el agua y el trasvase Tajo-Segura. Por ello, “nos parece extremadamente grave intentar, y más en estos momentos de fragilidad social y económica, romper el consenso actual en materia hídrica y modificar la Ley del Memorándum, con la que, como hemos reiterado en numerosas ocasiones, nunca hemos estado de acuerdo, porque supone una losa para el Levante, ya que aumentó la línea roja de las reservas en los embalses de cabecera de 240 a 400 hectómetros para poder trasvasar, penalizándonos en numerosas ocasiones. Pero la hemos aceptado y acatado. Entendemos que si lo que se busca es una reforma integral de las reglas del Memorándum, lo primero es la suspensión de la Cláusula Narbona y, lo segundo, volver a unos niveles de caudal ecológico que sean más justos y equilibrados para el sureste. Cualquier cambio que se realice en materia del trasvase debe hacerse desde el consenso de todas las partes, desde el acuerdo político y, siempre, bajo la aprobación de los expertos”, afirma Aniorte.

Desde ASAJA Alicante queremos incidir en que ante la grave crisis que amenaza a todo el país y al mundo, el Ministerio debería estar más por acciones encaminadas a apoyar y levantar a un sector como el agrario, que ha demostrado ser esencial y estratégico durante esta pandemia, en vez de preocuparse y ocuparse en ponerle más dificultades con unos cambios de normas que no tienen justificación alguna.