Todo comenzó en Australia en 2011, cuando el entonces Ministro de Agricultura, Joe Ludwig, prohibió de manera repentina el comercio de animales vivos a Indonesia. Se trató de una prohibición total que no permitía hacer excepciones, que hubiera permitido que las exportaciones pudieran continuar en sistemas aceptables como el que operan algunas empresas.
Este cierre repentino del único mercado para el que mucho ganado de explotaciones del norte del país estaba destinado, tuvo efectos catastróficos. No solo económicos, por los millones de dólares en ganado que ya no se podía vender y repercutió en un montón de sectores indirectos, sino también de bienestar animal, porque los corrales estaban abarrotados de animales que se habían quedado sin salida.
Tres años más tarde, 300 ganaderos damnificados interpusieron una demanda colectiva, solicitando al Gobierno una compensación de 600 millones de dólares australianos.
Después de 9 años desde que se inició el caso y tras 18 meses de deliberación, el juez Stephen Rares, ha emitido un dictamen hace unos días, dando la razón a los ganaderos. Ha señalado que el Ministro actuó imprudentemente y estableció una prohibición, cerrando los ojos ante el riesgo de que dicha medida no fuera válida y sin calcular el daño que causó.
Lo que todavía no se ha decidido es cuánta compensación tendrá que pagar el Gobierno australiano a los demandantes, lo que se sabrá en los próximos meses.
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