El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha sugerido al nuevo Gobierno que la Dirección General del Agua pase a depender directamente del Ministerio que se encargará de la gestión de las infraestructuras, ya que la prioridad de la política hidrológica debe ser sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, donde se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo. De no ser así, convendría que dependiera de Agricultura, al ostentar ya las competencias sobre el regadío.

Fenacore lamenta que el agua haya ido perdiendo protagonismo en la agenda política y considera que esta separación de poderes otorgaría más independencia y coherencia a la política de aguas. De esta forma, aunque el actual Ministerio para la Transición Ecológica mantuviese las competencias sobre la evaluación ambiental de las actuaciones relacionadas con el agua, las relativas a su impulso y desarrollo deberían corresponder a Fomento, ya que si ambas competencias comparten cartera son a la vez juez y parte.

Además de pedir una transferencia de competencias a un área de Gobierno donde las confederaciones hidrográficas ya demostraron su eficacia en la ejecución y explotación de las grandes infraestructuras hidráulicas, los regantes confían en que la ministra Teresa Ribera, actualmente al frente de la planificación hidrológica, cambie de actitud y empiece a reconocer la labor del regadío como sumidero de dióxido de carbono e importante freno a la España vaciada, como incluso demuestran los datos del INE, entre otros organismos. Máxime teniendo en cuenta la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que, como su propio nombre indica, asumirá la lucha contra el cambio climático y la despoblación de las zonas rurales y elevará de rango las cuestiones medioambientales.

Tareas pendientes

De cara a la nueva legislatura, Fenacore aboga por la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente al cambio climático. Asimismo, advierte sobre la amenaza que supondría la subida del precio del agua como medida para garantizar un uso eficiente, en contra de lo que recoge el “Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España”, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, en cuyo desarrollo, paradójicamente, los regantes apenas tuvieron ocasión de participar.

Y frente a la fragmentación parlamentaria y el previsible distanciamiento entre los distintos grupos políticos, Fenacore alerta de que las presiones autonómicas atentan contra una adecuada planificación hidrológica que debe regirse por el interés común y no por los intereses localistas que a menudo se originan pensando que el agua es del territorio que la tiene más cerca.

Finalmente, los regantes esperan que Transición Ecológica avance en el desarrollo de la normativa de balsas, de manera que se establezcan distintos criterios técnicos de seguridad con respecto a las presas. En materia energética, queda pendiente sacar adelante los dos contratos eléctricos al año para reducir los costes y así compensar el fuerte esfuerzo en modernización llevado a cabo en los últimos años. De hecho, todavía quedan pendientes de transformar un millón de hectáreas. Por último, defienden el uso de aguas regeneradas y desaladas como complemento para alimentar a 2.000 millones de personas más en 2050.