La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las comunidades autónomas son las principales dificultades para llevar adelante el necesario proceso de planificación hidrológica, según aseguró su presidente, Andrés del Campo.
Fenacore atribuye esta complejidad, en primer lugar, a la contaminación política del agua que ha derivado en una maraña normativa con 17 leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes que compiten por gestionar este recurso, llevando incluso a otorgar concesiones por encima de las disponibilidades reales de agua.
Las injerencias políticas en el proceso de planificación han generado una ‘auténtica Torre de Babel’ donde cada territorio habla su propio lenguaje del agua, estableciendo su reparto en función de intereses políticos y no técnicos como correspondería, y saltándose en algunos casos incluso la Constitución que reconoce expresamente el principio de legalidad y de unidad de gestión de cuenca.
Fenacore insiste en la importancia de elevar el agua a cuestión de Estado de manera que sea la Administración Central la que dirija el proceso de planificación hidrológica, lo que permitiría evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación y modernización de regadíos. Y es que, en la actualidad, España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas, más del doble que el resto de los países de nuestro entorno para un número similar de ríos.
El problema de los caudales ambientales
Otro de los escollos para la planificación hidrológica está en las altas exigencias de los caudales ambientales que difícilmente se pueden compatibilizar con las demandas actuales, lo que está desembocando en una reducción de la disponibilidad de agua de otras demandas, principalmente el regadío, perjudicando a estos usuarios y privándoles del uso de este recurso.
Frente a esto, Fenacore pide una mayor racionalidad en la fijación de los caudales ecológicos, de manera que no se haga escuchando sólo a las asociaciones ecologistas. Únicamente así se evitarían ‘desaciertos’ como los cometidos en muchos de los 3.000 puntos de control de caudales ecológicos que se han instaurado en ríos discontinuos y arroyos, estableciendo este tipo de caudales continuos en masas de agua que en estado natural no lo son.
En cualquier caso, Fenacore asegura que en España ya se ha hecho un esfuerzo muy importante en la recuperación medioambiental de las masas de agua con relación a los restantes países de la Unión Europea. Es más, mientras que en nuestro país el 56,4% de las masas de agua se encuentra en un buen estado, en otros países -como Alemania y Holanda- ese porcentaje se reduce hasta el 8,4% y el 0,3%, respectivamente, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, la planificación hidrológica debería hacerse planteándose expectativas muy a largo plazo y con la participación de los verdaderos usuarios, que son los que sufrirían las consecuencias de cualquier tipo de deficiencia. “Es muy importante priorizar el interés general de los ciudadanos frente al localista de las comunidades autónomas y que la distribución equitativa del agua continúe siendo el objetivo del dominio publico hidráulico, como reconoce nuestra legislación. Y es que los perjuicios y efectos colaterales de los enredos normativos que causa la excesiva descentralización ponen de manifiesto la urgente necesidad de llevar a cabo un nuevo Plan Hidrológico Nacional donde la Administración Central ponga orden y concierto”, destacó.
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