Desde el 4 de septiembre y hasta el próximo 3 de octubre se ha abierto a información pública la ampliación del listado de parcelas que pueden optar a la ayuda de 208,2 €/ha  para adoptar medidas agroambientales en Zonas de Protección Especial de Aves (ZEPAs) de Castilla-La Mancha. Las nuevas parcelas que serían admitidas se encuentran en los términos ciudadrealeños de Torre de Juan Abad, Campo de Calatrava y en el término de la propia capital de provincia, y en los pueblos toledanos de Dosbarrios, Villanueva de Bogas y Villacañas, según ha informado la Unión de Uniones.

Foto: SEO BirdLife

Esta ayuda se corresponde son la submedida 12.1 del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha 2014-2020 “Pagos compensatorios por zonas agrícolas en la Red Natura 2000”, que establece una serie de pagos compensatorios si se asumen limitaciones a la actividad productiva agrícola que reducen los ingresos o incrementan los costes de producción de la explotación.

Hasta el día 3 de octubre se podrá alegar contra la nueva relación de parcelas, cuya aprobación, una vez superado el trámite de información pública, se publicará en el Diario Oficial de Castilla, lo que permitirá a los titulares de las parcelas afectadas incorporarse a la medida en la solicitud de la PAC de 2019.

Medida polémica

Desde que el listado inicial se publicara en mayo de 2017, la relación de parcelas se ha ido aumentando de manera que la superficie que puede beneficiarse de la medida ronda las 40.000 hectáreas, limitadas por el presupuesto disponible para la medida en el PDR, que asciende a 41.249.008 euros.

La medida no ha estado desprovista de polémica, según señala la Unión de Uniones. En primer lugar, no todas las parcelas que quedan sujetas a limitaciones o restricciones de la actividad más o menos severas por la aplicación del Plan de Gestión de estas zonas protegidas pueden beneficiarse de estos pagos compensatorios. En Castilla-La Mancha hay unos 2,7 millones de hectáreas esteparias, de las cuales 201.441,4 quedan dentro de la jurisdicción del Plan de Gestión. El Plan conlleva unas obligaciones generales que no tienen ningún tipo de compensación y que tienen que ver, sobre todo, con que hay transformaciones de cultivo (secano a regadío, herbáceos a leñosos) o inversiones ganaderas (ganaderías intensivas, edificaciones, vallados…) que o bien quedan directamente prohibidas o se necesita una autorización previa de la Administración que podrá concederse o no según las circunstancias. El malestar de muchos agricultores viene ocasionado por la imposición de estas obligaciones sin ninguna contraprestación.

Las únicas que contarán con apoyo serán las 40.000 hectáreas amparadas por la medida de “Pagos compensatorios por zonas agrícolas en la Red Natura 2000”, pero para ello deberán además comprometerse a asumir una serie de limitaciones adicionales sobre la rotación de cultivos, sobresiembra, semillas, fechas de siembra, labores y recolección, horario de las labores, uso de herbicidas y otros productos, etc. Es por la adopción de dichas prácticas, de las que se hace un recordatorio en el documento de información pública que se puede consultar más abajo, por las que se tiene derecho a percibir la ayuda de 208,2 € por hectárea. No obstante, también esto ha provocado malestar, por el procedimiento seguido por la Consejería para la concesión de la subvención, a través del mecanismo de ayuda directa, sin concurrencia competitiva. Es decir, no existe una bases convocatoria pública a la que pueda acudir cualquier titular de parcela que considere que cumple o esté dispuesto a cumplir las condiciones para optar a la ayuda. Este procedimiento no es en absoluto habitual en el abanico de ayudas del PDR y tampoco son públicos los criterios técnicos que ha seguido la Consejería para elegir las parcelas que pueden optar a la ayuda.

En opinión de Unión de Uniones, no ha sido, desde luego, la mejor manera de hacer las cosas por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.