En el mundo rural se detectan muchas brechas en cuanto a infraestructuras y servicios básicos con respecto al mundo urbano y al resto de sectores, al igual que se evidencia entre uno y otro una patente discriminación económica. Los ayuntamientos, sin embargo, a través del IBI recaudan de los bienes rústicos la mayor parte de los ingresos con los que financiarse, sin verse por ello mejoras que repercutan en la calidad de vida de los agricultores y ganaderos como máximos contribuyentes que son.  Los ayuntamientos incluso se valen de este impuesto para reactivar sus maltrechas economías subiendo de golpe las tasas, como así viene sucediendo en estos últimos años de forma continuada, sumando, además, al llamado recibo de la contribución, más tipos de propiedades que antes no tributaban, como balsas, casetas para riego, establos, casetas de aperos, etc.

Desde ASAJA Granada creen que una buena fórmula para restituir al campo parte de los ingresos que los ayuntamientos recaudan a través de este impuesto sería la instauración de guardas rurales, una figura regulada por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que al igual que sus homólogas, guardas de cotos o de pesca, depende directamente de la Guardia Civil tanto para su acreditación como en su actuación.

Esta propuesta no obsta para que los equipos ROCA de la Guardia Civil, especializados en robos en el campo, se refuercen con más recursos materiales y humanos y, al menos,  haya un equipo por cada una de las diez comarcas de nuestra provincia. Su creación en 2013 fue un acierto, de hecho, desde que operan, los delitos han disminuido en Andalucía en un 44% y su labor se ha venido notando desde entonces en el esclarecimiento de delitos, en la detención de delincuentes y bandas criminales, en la recuperación de mercancía robada, aunque los 25 equipos que en concreto operan en Andalucía son, a todas luces, insuficientes. Granada solo cuenta con una  unidad especial en todo el ámbito provincial, y los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana que la respaldan son cada vez más escasos en nuestros pueblos, al verse mermada por los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica, como reconoce la propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

De hecho, en la comarca de Alhama hubo la semana pasada una oleada de robos en cortijos llevándose los ladrones todo lo que encontraban: herramientas, grupos electrógenos, maquinaria, bombas de riego, placas solares, cuadros eléctricos… Una verdadera pesadilla para los afectados, que no solo ven interrumpido su trabajo diario, sino que sufren daños irreparables en infraestructuras e importantes pérdidas económicas. Otra semana y otro día (no en vano, la provincia de Granada se encuentra entre las quince provincias de toda España que concentran el 74% de los robos en el campo), los delincuentes se trasladarán a otros lugares y robarán otro tipo de mercancías, cada vez de más amplio espectro: cosechas de aceitunas y almendras, frutas y hortalizas (ajos, naranjas, calabacines, aguacates, mangos, maíz…), productos fitosanitarios, estaciones fotovoltaicas, cobre, hierro, gasóleo, etc., todo aquello que tenga valor en el mercado.

La instauración de las guarderías rurales a cargo de los ayuntamientos, tal y como proponemos, crearía un servicio permanente de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, no solo durante periodos críticos como la recolección de frutos, y daría también un fuerte respaldo a los cuerpos y seguridad del Estado, evitando así que los agricultores y ganaderos ejerzan su actividad en las extremas condiciones de inseguridad que desde siempre vienen padeciendo.