El dictamen elaborado por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) sobre el proyecto de ley de la huerta, diseñado por la Generalitat, coincide en gran medida con muchas de las objeciones planteadas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), principalmente en aquellas cuestiones que tienen que ver tanto con los aspectos financieros, como con aquellos otros vinculados a las ocupaciones agrarias.

En este sentido, resultan de todo punto llamativas y elocuentes las afirmaciones del mencionado órgano consultivo al pronunciarse sobre el artículo 16 del anteproyecto legislativo, en el que se aborda la actividad agraria. El CES-CV apunta al respecto que «los planes de desarrollo de la actividad agraria se formularán con el fin de potenciar e incentivar el funcionamiento de la huerta como un sistema productivo vivo y competitivo y para ello es necesario conocer antes de la aprobación de la ley, cuáles son dichos planes y la disponibilidad presupuestaria para llevarlos a cabo».

Las críticas que ha venido esgrimiendo AVA-ASAJA durante las últimas semanas sobre los futuros planes para la huerta que maneja la Generalitat Valenciana apuntan justamente en la misma dirección. «No se puede empezar la casa por el tejado -señala el presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado- y si no contamos previamente, y antes de dar nuevos pasos, con un plan agrario específico destinado a revitalizar la actividad que llevan a cabo quienes viven en la huerta lo único que estaremos haciendo son castillos en el aire. Salta a la vista, tras leer el dictamen del CES-CV, que no somos los únicos que nos hemos dado cuenta de algo tan obvio y evidente».

El análisis del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana alude de forma reiterada a la necesidad de dotar a la futura ley de la huerta de una concreción financiera mucho mayor y lo hace de forma contundente al pasar revista a distintos artículos del anteproyecto. Así, al abordar los «objetivos de la ley» indica que «es necesario incluir también criterios de financiación para garantizar la conservación activa de los suelos», o al referirse al Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia indica que «debe contener los mecanismos de financiación del mismo», mientras que en el apartado de las «observaciones de carácter general» señala que «hay instrumentos de gestión y ordenación propuestos en el anteproyecto que pueden tener una repercusión económica y, por tanto, han de regularse mecanismos de financiación para poder dar cumplimiento a determinadas actuaciones previstas en la presente ley, que suponen un ineludible gasto público».

En cuanto al trabajo agrario propiamente dicho, el órgano consultivo señala, entre otras cosas, que «la ley debe dejar claro que la sostenibilidad de la actividad agraria tendrá como prioridad garantizar su rentabilidad económica», al tiempo que cuestiona en los siguientes términos uno de los aspectos más controvertidos del proyecto: «el CES entiende que el arrendamiento forzoso y la cesión temporal de uso previsto en la presente ley debería revisarse para garantizar los principios de equidad y seguridad jurídica».

«El dictamen emitido por el Comité Económico y Social detecta lagunas considerables y carencias de grueso calibre en este proyecto de ley -destaca Cristóbal Aguado- que es preciso resolver. Los políticos que han dado luz verde a este texto deben reflexionar y, sobre todo, negociar con los afectados porque los agricultores de la huerta no estamos dispuestos a que se nos relegue al papel de meras comparsas».