Según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el «pago verde de la PAC», destinado a incentivar a los agricultores a «ecologizarse», probablemente no refuercen el objetivo medioambiental y climático de la PAC de manera significativa. Los auditores constataron que los nuevos pagos añadían complejidad al sistema y que solo habían generado un cambio de las prácticas agrícolas en el 5% de las tierras cultivables de la UE.

El pago verde se introdujo en la reforma de la PAC de 2013 para compensar a los agricultores por tener un impacto positivo en el medio ambiente. La UE destina el 30% del presupuesto de la PAC (12 000 millones de euros anuales) al pago verde, que supone una media de  80 euros por hectárea al año.

Los auditores examinaron si la ecologización podía reforzar los resultados medioambientales y climáticos de la PAC, de conformidad con los objetivos de la UE. Asimismo, se entrevistaron con las autoridades de cinco Estados miembros: Grecia, España (Castilla-León), Francia (Aquitania y Norte-Paso de Calais), los Países Bajos y Polonia.

Los auditores constataron que la Comisión Europea no había desarrollado una lógica de intervención completa para los pagos de ecologización ni había fijado para este régimen unos objetivos medioambientales claros y suficientemente ambiciosos. Por otra parte, la asignación presupuestaria para la ecologización no está justificada por la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos de la política. También observaron que era improbable que la ecologización proporcionara beneficios significativos para el medio ambiente y el clima, principalmente debido a que una parte considerable de las prácticas subvencionadas se habría llevado a cabo incluso sin el pago. Los auditores estiman que la ecologización solo ha supuesto cambios en las prácticas agrícolas en alrededor del cinco por ciento de las tierras cultivables de la UE.

Por último, constataron que era poco probable que los resultados justificaran la gran complejidad que la ecologización añade a la PAC, debido en parte a solapamientos entre este régimen y otros requisitos medioambientales de la política.

Los auditores recomiendan que, en la próxima reforma de la PAC, la Comisión  debería seguir los siguientes principios:

• los agricultores solo deberían tener acceso a los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas. Como elemento disuasorio debería ser suficiente la aplicación de sanciones por incumplimiento;
• los programas agrícolas destinados a responder a las necesidades medioambientales y climáticas deberían incluir objetivos de resultados y financiación que reflejen los costes incurridos y la pérdida de ingresos derivada de actividades que vayan más allá de las normas medioambientales básicas;
• cuando los Estados miembros puedan elegir entre distintas opciones de aplicación de la PAC, tendrían que demostrar que sus opciones son eficaces y eficientes para alcanzar los objetivos de la política.