La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, expuso ayer a los representantes de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura sus propuestas para combatir la crisis de la fruta dulce, en una reunión bilateral en el marco del plan de actuación para la fruta dulce que ha puesto en marcha el Ministerio.

La organización reiteró su propuesta de un plan de arranque para diversificar las plantaciones obsoletas a titulares de explotación de edad cercana a la jubilación o de titulares que quieren modificar la orientación productiva a otros sectores agrarios.

Asimismo también planteó la necesidad de un nuevo plan de reconversión para mejorar la productividad de las plantaciones de pera, aunque por debajo de los principales competidores, Bélgica y Holanda, y también para las de manzana. Igualmente, defiende que se sigan mejorando las variedades de melocotones y nectarinas para ir adaptando a las necesidades del mercado.

Unión de Uniones hizo hincapié en que los datos que maneja el Ministerio no coinciden con los que maneja la organización – más bajos para los productores – y debe mejorar el sistema de recepción de datos.

Ambos coincidieron en la necesidad de que las organizaciones de productores y sus asociaciones realicen más actuaciones para planificar la producción y las medidas de gestión de crisis. En este sentido, Unión de Uniones, a través de Unió de Pagesos, apuesta por las circunscripciones económicas, como la creada para la manzana, la pera y el melocotón y la nectarina en Cataluña.

Unión de Uniones considera que si ya es difícil en el marco de las asociaciones de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y dentro de sus circunscripciones económicas, se establezcan grandes acuerdos, difícilmente se podrían alcanzar en el marco de una organización interprofesional de fruta dulce, más amplia, donde, además, habría que consensuarlas con representantes de otros eslabones de la cadena.

La organización también recordó la necesidad de que se imponga la obligación de formalizar contratos entre la parte productora y la parte compradora en el ámbito comunitario, ya que la ley española de la cadena agroalimentaria no puede abarcar la normativización de las relaciones comerciales entre la producción y las empresas compradoras de fruta ubicadas fuera de España.