La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad y residuos es conforme con las normas sobre ayudas estatales de la UE. El régimen contribuirá a los objetivos de la UE en materia de energía y cambio climático, preservando al mismo tiempo la competencia.
En virtud del régimen, los beneficiarios reciben apoyo mediante una prima por encima del precio de mercado de la electricidad, de modo que deben reaccionar ante las señales del mercado. Esta prima tiene por objeto ayudar a estas instalaciones a compensar los costes que no puedan ser recuperados mediante la venta de electricidad en el mercado y a obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.
El régimen está vigente desde 2014 y se aplica a los nuevos beneficiarios, así como a las centrales que se acogían al régimen anterior. En total, el régimen tiene unos 40 000 beneficiarios. En 2016, los pagos anuales en virtud del régimen ascendieron a 6 400 millones de euros.
Desde 2016, las ayudas a nuevas centrales se conceden a través de subastas competitivas. Diferentes tecnologías han competido entre sí en las últimas subastas de mayo de 2017 y de julio de 2017. En total, se adjudicaron ayudas a algo más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares. A raíz de estas subastas, los beneficiarios recibirán compensaciones únicamente si el precio de mercado cae en los próximos años a niveles muy inferiores a los precios de mercado actuales. Esta protección contra una caída inesperadamente abrupta de los precios de mercado ayuda a los promotores a garantizar la financiación de los proyectos y, por lo tanto, a completarlos a tiempo. Esto ayudará a España a alcanzar sus objetivos de 2020 en materia de medio ambiente y cambio climático.
La Comisión ha evaluado el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular las Directrices de la Comisión de 2014 sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía.En particular, exigen subastas competitivas para el apoyo a la energía procedente de fuentes renovables desde 2017. Estas medidas garantizan que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Sobre esta base, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, de conformidad con los objetivos medioambientales de la UE, al tiempo que se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.
El régimen va acompañado de un plan de evaluación con el fin de valorar su efecto. Los resultados de esta evaluación se presentarán a la Comisión a más tardar en diciembre de 2020.
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