Durante el pasado período de programación 2007-2013 de la Política Agraria Comunitaria se concedieron indemnizaciones compensatorias a los titulares de las explotaciones agrarias ubicadas en zonas desfavorecidas de montaña, afectadas por despoblamiento o con dificultades especiales para compensarles por los costes adicionales y pérdidas de ingresos como consecuencia de las limitaciones que supone la producción agrícola en esas zonas.

En la programación del desarrollo rural 2007-2013, los programas de las distintas CC.AA., incluida Castilla y León, han venido exigiendo, de forma general, la condición de Agricultor a Título Principal (ATP) para ser beneficiario de las indemnizaciones compensatorias.

A pesar de ello, los montantes de las Indemnizaciones Compensatorias (ICs) en España han estado entre los más bajos de toda la UE. Según datos de Bruselas, un agricultor español ha venido recibiendo de media 16 euros/hectárea (media UE-15, 78 euros), mientras que en Bélgica el importe de la ICs se eleva a los 215 euros o en Finlandia a 196 euros. En Francia y Portugal se sitúa por encima de los 100 euros/hectárea.
Cabe reseñar, muy en especial, que el pago medio PAC por perceptor de pago único ha rondado los 9.200 € en Castilla y León, frente a los aproximadamente 15.000 € percibidos en Alemania o los 20.000 € de Francia, por ejemplo.
Así mismo, tras la reciente reforma los pagos PAC individuales que perciben los agricultores y ganaderos se ven reducidos de media un 14 % en Castilla y León.
De ahí la importancia de intentar cuando menos equilibrar la situación, con el establecimiento de un importe medio de las indemnizaciones en el entorno de los aproximadamente 1.600 € que se han venido estableciendo como tope en el anterior período PAC en nuestra Comunidad Autónoma.
Por ello, LA ALIANZA UPA-COAG solicita a la Consejería de Agricultura y Ganadería que retome la figura del ATP como condición para poder ser perceptor de las indemnizaciones compensatorias. Recordemos que ya existen precedentes en otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, que para el actual período 2014-2020 exigen la condición de ser agricultor no pluriactivo, figura asimilable al agricultor ATP (aquél que obtiene al menos un 50% de sus rentas de la actividad agraria y dado de alta en la Seguridad Social por la actividad agraria).

Desde nuestra organización consideramos que es más necesario que nunca una priorización de los fondos focalizada sobre los verdaderos profesionales agrarios. Al respecto, esta medida está pensada para equilibrar la renta de los profesionales que generan empleo y fijan población en aquellos territorios más difíciles. Y apelamos al espíritu de comunidad que generó el acuerdo de 18 de noviembre de 2013, en que de forma unánime las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas de Castilla y León, URCACyL y la propia Consejería de Agricultura consensuamos que no deberían concederse pagos a aquellos agricultores y ganaderos que no acrediten un nivel mínimo de ingresos de la actividad agraria.