COAG Andalucía denuncia que el Ministerio de Agricultura ha incumplido la promesa que hizo en la anterior Conferencia Sectorial de revisar el modelo de ayudas asociadas, tras el primer año de aplicación de la nueva PAC, y ha llevado a cabo un “paripé” en la Conferencia Sectorial celebrada ayer en Madrid, que sólo ha servido para consolidar el “robo” cometido contra el tejido productivo andaluz.

Esta organización agraria había pedido que el modelo de ayudas asociadas se modificase, aplicando un criterio de redistribución y racionalidad que incluyera a todos los sectores que se han visto perjudicados por el modelo actual, con criterios uniformes en su aplicación y primas acordes a los márgenes de explotación. También había pedido que se corrigiera la reducción de presupuesto sufrida por Andalucía, camuflada en la aplicación del recorte del 8,64% del Marco Financiero Plurianual.

Con ese recorte, España apenas pierde un 0,64% del presupuesto (pasa de 4.935 a 4.903 millones), mientras Andalucía en cambio pierde un 4,16% (pasando de 1.497 a 1.435 millones).

Los claros perjudicados de esa reducción presupuestaria han sido los perceptores de menos de 5.000 euros, que en Andalucía son el 80%. Estos beneficiarios, unos 215.000 en nuestra comunidad, reciben únicamente el 20% del presupuesto (aproximadamente 300 millones), y han visto reducidas sus ayudas un 8,64%. Nuestra comunidad ha perdido por este recorte 37,4 millones anuales, lo que significa 224,4 millones de euros en todo el marco. Por provincias, destacan negativamente Jaén, con 21 millones de pérdidas y Granada, con 9 millones.

Mientras, los perceptores de más de 300.000 euros (133 en Andalucía) han incrementado su ayuda, porque el 8,64% de recorte actual es inferior al 10% de modulación y al recorte adicional del 4% que se les aplicaba. En total, esos perceptores reciben 4 millones de euros más en nuestra comunidad.

Además de la pérdida de presupuesto general, Andalucía ha resultado claramente perjudicada en el diseño de las ayudas asociadas, tanto por los sectores incluidos como por los criterios para el cobro de las primas. No podemos olvidar que estas ayudas se concibieron para garantizar el mantenimiento de sectores en dificultad.

Sin embargo, se llevó a cabo un diseño arbitrario, sin criterios uniformes, haciendo discriminación dentro de un mismo sector o excluyendo a otros cruciales para el desarrollo económico de amplias zonas de nuestra comunidad.

Así, quedaron excluidos sectores tan importantes como el olivar, particularmente el de pendiente, con márgenes de explotación negativos y con grave riesgo de abandono, o el trigo duro, que sigue perdiendo superficie sembrada por el margen tan ajustado, e incluso sectores más localizados, que mantienen unas prácticas tradicionales que los hacen únicos y en proceso de abandono constante, como la uva pasa en los municipios de la Axarquía.

Además, el planteamiento de ayudas asociadas incluyó distinciones por regiones, siempre favoreciendo al resto de zonas del país frente a los sectores andaluces, como se puede ver en la tabla adjunta. Así ocurrió con los almendros, la remolacha de siembra otoñal, el tomate para industria y el vacuno de leche. Tampoco se entiende que se conceda una ayuda orientada a primar los cebaderos industriales, ni las primas injustificadamente bajas para el caprino frente al ovino, o los límites de superficie para el cobro en el girasol.

Como consecuencia de todo esto, se ha producido un trasvase de presupuesto desde el tejido productivo andaluz, al que legítimamente pertenece, hacia otras zonas productoras. Nuestra comunidad pierde 59,6 millones anuales, lo que significa 357,6 millones en todo el marco.

COAG Andalucía considera que se trata de un modelo inaceptable, de ahí la necesidad de modificarlo, incluyendo a los sectores perjudicados, aplicando criterios uniformes y ajustando las primas de los márgenes de explotación. Se trataba de aplicar principios de racionalidad y equilibrio, para que no hubiera agravios entre productores y entre regiones, incorporando criterios de modulación o degresividad en función de la superficie en todas las ayudas asociadas.

El Ministerio ha hecho oídos sordos a esta petición y confirma que el criterio político ha primado sobre el agrario y económico, manteniendo una situación a todas luces injusta con Andalucía.