Una denuncia de La Unión de Uniones ante la Comisión Europea estaría detrás, según responsables del Ministerio de Agricultura, de los cambios en la figura del ‘agricultor activo’ que aparecen en el borrador de Real Decreto de aplicación de la PAC 2017 en España.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado su indignación ante una situación “absurda e indeseada” que vendría provocada por esta organización conocida como La Unión de Uniones y una serie de contactos mantenidos con la Comisión Europea.

UPA ha protestado ante la Comisión Europea por seguir “ignorando la realidad del campo” y “vender la moto de que quieren una PAC más justa y mejor distribuida” cuando luego exigen a España que relaje los requisitos para demostrar que los perceptores son “verdaderos agricultores y ganaderos”.

Cambios que permitirán la entrada de más especuladores en la PAC

Las modificaciones sobre las que Europa estaría forzando a España y que más rechazo generan son las que pretenden eliminar el requisito de que el solicitante de ayudas de la PAC esté inscrito en el registro de explotaciones de las comunidades autónomas. La Comisión Europea obligaría también a nuestro país a eliminar el requisito de que el solicitante esté dado de alta en el REGA a la hora de asignar derechos de pago básico sobre pastos permanentes. Según UPA esto va en contra de la profesionalización de la agricultura y ganadería y da pie a que “entren más especuladores en las ayudas públicas de la PAC”.

Respecto a las posibles actividades del solicitante que le excluyen de los pagos directos, en el borrador de real decreto se incluye una excepción al listado, consistente en que las personas o grupos de personas que no cuenten con unos ingresos agrarios distintos de los pagos directos del 20% o más de sus ingresos agrarios totales, podrán ser considerados “agricultor activo” siempre y cuando demuestren que ejercen la actividad agraria y asumen el “riesgo empresarial” de la actividad.

UPA ha afeado la “conducta irresponsable” de La Unión de Uniones que habría “metido a España en una situación muy difícil”. También han vuelto a pedir al Ministerio de Agricultura que modifique el borrador de real decreto que están manejando y mantenga los criterios en vigor hasta este año.