Una delegación de UPA encabezada por el secretario de organización, Francisco Moreno, y el secretario de acción sindical, desarrollo rural y agua, Roque García, han mantenido una reunión con la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto con el resto de organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, para abordar la futura Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.

UPA Andalucía se ha congratulado de que la Junta de Andalucía se haga eco de las demandas de la Organización, ya que esta ley ha sido siempre una petición expresa de la Organización, devolviéndoles con ella la dignidad a los agricultores y ganaderos, y con la que el gobierno andaluz de una vez por todas va a legislar sobre un sector que es esencial en la economía y sociedad andaluza.

Hay que recordar que el sector agrario es el sector más importante de la economía en Andalucía con un peso del 15% del Producto Interior Bruto, el 12% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. Además contribuye a la conservación del medio ambiente y a la vertebración del territorio en las zonas rurales.

Entre los aspectos más interesantes que incluirá la ley y sobre los que se ha debatido en la reunión, el texto incluye disposiciones contra las prácticas comerciales abusivas; un régimen de protección del uso agrario en las zonas donde esta actividad es relevante por su función social o ambiental; el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, y la introducción de medidas de aprovechamiento de excedentes alimentarios para fines sociales, obligando a industrias y establecimientos a su donación o reutilización.

Es una ley amplia, que incluye los aspectos de la producción primaria, la agroindustria, incluso la comercialización y distribución. Uno de sus objetivos es la defensa de los eslabones más sensibles de la cadena agroalimentaria, los agricultores y ganaderos. UPA concibe que este debe de ser el principal propósito de la ley, con el fin de corregir los desequilibrios que actualmente se producen entre la producción, y la transformación y distribución. La norma se prevé que pueda estar como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía la próxima primavera.

Hay que esclarecer que el título de la ley incluirá también el término “ganadería” también a demanda de UPA, ya que en un principio solo se iba a denominar “Ley de Agricultura de Andalucía”, con lo que de esta forma se le da el peso y la importancia que merece a un sector ganadero que es crucial en nuestra comunidad.

Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, el anteproyecto incrementa las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria. Por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador abusando de su posición dominante.

Estas prácticas de “venta a pérdida” serán sancionadas con un importe de hasta 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras e incluso se podrán publicar las marcas de los productos sancionados cuando haya reiteración. Además, la norma reforzará el papel de los inspectores de manera que tendrán la consideración de agente de la autoridad.

En este sentido, en UPA se han mostrado satisfechos debido a que hasta el momento, y a pesar de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, hasta la fecha no se están aplicando en Andalucía sanciones contundentes y ejemplares que disuadan de llevar a cabo estas prácticas desleales y abusivas.

UPA Andalucía ha trasladado a la Presidenta su decepción por que en un principio la nueva ley no contemple la inclusión de la regulación del llamado Banco Público de Tierras, sin menoscabo de que contemple la posibilidad de la enajenación de tierras. A pesar de ello, UPA Andalucía no cesará en su empeño mientras no se apruebe el texto definitivo de la ley para que se incluya su regulación dentro de la norma.

Del mismo modo, UPA seguirá trabajando por que sean incorporadas otras carencias que aun presenta la ley y que entienden desde la organización que son necesarias para el sector agrario. Por ejemplo, hay que desarrollar aún más la figura del mediador o árbitro en la línea de que dentro de la ley se establezca mecanismos de regulación y sanciones para evitar prácticas desleales y abusivas; es fundamental incorporar a la ley el establecimiento de unos precios sostenibles para agricultores y ganaderos ligados a los costes de producción; y hay que potenciar la agroindustria para que nuestros productos se queden en nuestra tierra.

Asimismo, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía ha de resaltar la importancia de las Organizaciones Profesionales Agrarias en su importante papel de representantes del mundo rural y de prestación de servicios; se debe de potenciar la competitividad del sector agrario; impulsar la figura de agricultor a tiempo parcial; disminuir la carga burocrática que en estos momentos padecen los agricultores y ganaderos; o elaborar la norma que regule los Contratos de Integración en Ganadería, muy extendidos en las producciones intensivas de porcino y avícola, entre otros.

Finalmente, UPA Andalucía le ha comunicado a la Presidenta que espera que la Ley se convierta en una herramienta real y útil para el sector agrario de Andalucía y que se amplíe en lo que la ley precise con posteriores decretos reglamentarios para las necesarias modificaciones o el desarrollo de la norma.