El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía. Este problema de salud pública afecta actualmente al 18,7% de la población adulta y al 22,5% de los menores.

Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad y de los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia, la adolescencia, las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población más desfavorecidos socialmente.

El anteproyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan representantes de asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación, y empresarios de los diferentes sectores afectados.

La futura ley establece el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Para hacerlo efectivo, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades de peso o unidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones, y garantizar el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.

El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.

Por otro lado, la futura ley regulará la elaboración de ‘cartas de compromiso’ y el establecimiento de un distintivo oficial para las entidades pública y privadas que promueven los hábitos de vida saludables.

Centros educativos

Entre otras medidas concretas previstas en materia educativa, los centros docentes tendrán un plazo máximo de cuatro años para establecer un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. En esta línea, se fomentarán igualmente los juegos y recreos activos y se ampliará la oferta de actividades extraescolares que incluyen ejercicio.

La norma también eleva a rango legal las medidas que actualmente desarrolla la Junta para garantizar los menús saludables en los comedores escolares, con utilización de productos locales y regionales y de temporada basados en la dieta mediterránea. Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en programas de granjas escuelas y huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades andaluzas se facilitará la configuración de ofertas docentes de postgrado que aborden los problemas de la alimentación y la nutrición, la dieta mediterránea y la actividad física orientada a la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Una medida clave de la futura norma andaluza será la de garantizar el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil. De este modo se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos. Además, los bares y restaurantes deberán disponer para sus clientes de un recipiente con agua fresca y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

Medidas en publicidad

El anteproyecto incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores o generar expectativas referidas a que su ingesta proporcione sensación de superioridad. El Consejo Audiovisual de Andalucía será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa.

El texto limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, en los institutos de Secundaria se mostrará, en lugar visible al público, la cantidad de calorías netas por porción envasada de los productos que se ofrezcan tanto en sus máquinas expendedoras como en sus áreas de restauración.

Por último, la normativa cataloga como infracciones graves la dispensación en centros educativos de menús no adaptados a las necesidades nutricionales del alumnado o con desequilibrios del aporte calórico, o la utilización de alimentos o bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares añadidos; la publicidad de alimentos en áreas sanitarias donde se atiende a menores, o la inobservancia de las medidas de oferta relativas a la accesibilidad gratuita a agua potable en los términos establecidos en esta ley, entre otros. Fuente: Junta de Andalucía