UPA-UCE ha calificado de “vergonzosas e indignantes” las formas en las que jueces y fiscales están afrontando la investigación contra la organización.
40 días después de que se hiciera pública la operación de la Guardia Civil contra la organización -quien aseguró, por otra parte, que llevaban más de 10 meses investigando-, sus representantes Ignacio Huertas y Maximiano Alcón siguen encarcelados en la prisión de Badajoz, en una situación de “incertidumbre total”.
El pasado viernes, la Audiencia Provincial de Badajoz desestimó el recurso presentado contra el auto de prisión dictado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 1. Según los jueces, la causa de la medida de privación de libertad es evitar que los representantes de UPA-UCE influyan en trabajadores y técnicos, lo que para la organización es “un argumento absurdo que no se sostiene”.
UPA-UCE está convencida de que hay “intereses ocultos” que persiguen destruir la organización. “Sólo así se explica el catálogo de continuas filtraciones e incluso amenazas que estamos sufriendo”, afirman. “No creemos que se estén aplicando las necesarias garantías procesales ni que el estado de Derecho esté funcionando adecuadamente en este caso”, han concluido.
La organización ha defendido la inocencia de todos sus representantes y trabajadores y ha señalado que defenderán “con firmeza” su honor y su buen hacer. “Las ayudas recibidas se usaron para aquello para lo que fueron destinadas. Y lo demostraremos”, han recalcado.
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