En esta semana, URCACYL presentará ante las Cortes de Castilla y León una Iniciativa Legislativa Popular que avalará con más de 16.000 firmas.
Con esta iniciativa Legislativa Popular, cuya presentación se regula por la Ley 4/20014 de 4 de julio, los representantes de las cooperativas pretenden modificar la Ley 1/2016, que a su vez modifica el Estatuto del consumidor de Castilla y León.

La normativa que se persigue cambiar, establece la obligatoriedad de disponer en las cooperativas, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona en sus instalaciones de venta al público y al por menor de combustibles y carburantes.

La actividad de distribución de carburantes por las cooperativas tiene como fin prestar un servicio a sus socios y a los habitantes de los municipios en los que están asentados, pero no es nunca su actividad principal.

Las cooperativas tienen una serie de peculiaridades tanto económicas como sociales, que les hacen muy diferentes de otras fórmulas jurídicas. Son Sociedades de personas, vinculadas al territorio en el que se asientan, sus beneficios no se reparten en función del capital aportado, sino en función de la actividad cooperativizada que se realiza, de los mismos tienen que dotar al menos un 20% a un Fondo de Reserva Obligatorio que es irrepartible en caso de disolución y un 5% para temas formativos, son sociedades plenamente democráticas en las tomas de decisiones, no pueden hacer ningún tipo de discriminación a la hora de admitir socios…

Estas circunstancias han motivado tradicionalmente una consideración especial en la legislación española, comunitaria y autonómica que amparan la especial protección, promoción, estímulo y desarrollo de las cooperativas y sus actividades. Así se refleja en el Artículo 129-2 de la Constitución española, cuando señala que “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el art. 16-5 de su Estatuto de Autonomía, establece como uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León, “…el fomento de las iniciativas de la Economía Social, especialmente el cooperativismo y su promoción”.

Sorprende que la obligatoriedad de contratar con nuevo personal en cooperativas, que están ubicadas en un medio rural hostil, para seguir desarrollando esta actividad en horario nocturno y de fin de semana, no se aplique a las estaciones de autoservicio ubicadas en autovías y autopistas que tienen garantizada la clientela y que ni siquiera suministran con medios humanos el combustible a los consumidores, ni en horario diurno, ni en nocturno, ni en fin de semana y que a diferencia de las cooperativas no tienen dos o tres surtidores siendo veinte o treinta, existiendo un único responsable que tan solo está pendiente de la venta de otros productos y del cobro de los servicios.

Desde Urcacyl se han iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios de las Cortes, al objeto de darles cumplida información de esta iniciativa que pretende defender los intereses de las cooperativas, de sus socios agricultores y del conjunto de las poblaciones rurales en las que están asentados.

La iniciativa legislativa popular, que se dará a conocer a los medios de comunicación en una rueda de prensa que se convocará el próximo miércoles, precisa para poder prosperar de las firmas de al menos el 0,75% del total del censo de Castilla y León.