Aragón no ha apoyado el documento con la propuesta de posición común sobre la PAC presentado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente (Mapama) a las comunidades autónomas. Según el consejero aragonés de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se trata de una propuesta que no aborda los principales problemas de la actual política agrícola de la Unión Europea y que persigue, por los términos en que está redactado, “mantener el actual modelo de aplicación de la PAC», sin corregir sus debilidades”.

Olona ha aclarado que su objetivo no es que el ministerio recogiera “al detalle lo que nosotros planteamos”, sino que planteara una posición común más ambiciosa que permitiera avanzar de algún modo hacia una reforma también más ambiciosa.

También que el texto no recoja “cuestiones de calado” que surgieron en la conferencia de alto nivel convocada por el Mapama a finales de marzo. Entre ellas, el consejero aragonés se refiere a los derechos históricos, que fueron puestos en la picota, no desde posiciones marginales, sino desde amplios ámbitos del sector agrario. “El de los derechos históricos es un asunto crucial sobre el que no ha habido posibilidad de profundizar”, ha manifestado.

El documento del ministerio, contiene, en opinión de Aragón, proposiciones con las que es fácil estar de acuerdo, como la idea de simplificar la gestión administrativa de la PAC, pero después no dice cómo hay que abordar este problema. Tampoco se explicita cómo hacer para mejorar la renta de los agricultores y ganaderos, “cuando este es el reto principal”, en palabras de Olona.

En definitiva, para el titular del departamento de Agricultura, en la propuesta del Mapama “no se atisba ninguna intención de cambiar nada, más bien la de mantener todo como está, algo que desde Aragón no se puede aceptar”.

No obstante, ha indicado que el debate sigue abierto y que queda tiempo para seguir con él; “espero y confío en que se puedan introducir modificaciones sustanciales en una PAC que como vengo afirmando considero ineficaz e injusta”, ha terminado

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón presentó en marzo de 2016 una propuesta de reforma que focaliza la política agraria en la renta de los agricultores y propone compensar la misma cuando no llegue a una renta de referencia.

Con esta fórmula, aplicada mediante unos factores correctores que eviten la llegada de ayudas a explotaciones inviables u ociosas y condicionada por obligaciones de carácter medioambiental y social, el consejero Olona defiende que todos los agricultores tengan derecho a las subvenciones (ahora no es así) y que las cobren quienes más dependen de la actividad agraria y quienes más las necesitan.

Ello supondría la eliminación de los derechos históricos y de los pagos por superficie y, al mismo tiempo, una enorme simplificación del proceso administrativo y de los necesarios controles que las distintas administraciones tienen que llevar a cabo.