El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha presentado varias enmiendas al Proyecto de Dictamen NAT-VI/21 del Comité de las Regiones, titulado La PAC después de 2020, que será debatido por el pleno de este organismo los próximos días 12 y 13 de julio.

Se trata de siete enmiendas que inciden especialmente en la necesidad de extender la Política Agraria Común a todas las explotaciones y eliminar los derechos históricos. Asimismo, defienden que las ayudas a los agricultores y ganaderos se realicen en función de la renta agraria y la profesionalidad o la imperiosa necesidad de simplificar la PAC.

De acuerdo con el documento presentado, las ayudas deben llegar a todas las explotaciones agrarias en función de los criterios reglamentarios que se establezcan y no pueden supeditarse a una asignación de derechos históricos que deriva en una patrimonialización de las ayudas o en un mercado especulativo en favor del propietario y no de las explotaciones agrarias. “La PAC tiene por objeto avanzar en un modelo de agricultura responsable social y ambientalmente, que permita mantener un sector estratégico para asegurar la producción de alimentos saludables preservando los recursos naturales y el medio ambiente, y el encarecimiento del mercado de la tierra al que la actual PAC contribuye no favorece estos objetivos”, reza el texto.

Por otra parte, el Departamento de Desarrollo Rural considera necesario “no permitir la asignación de derechos históricos que limitan el apoyo a los emprendedores y a los jóvenes”. Al mismo tiempo, afirma que el actual pago por hectárea no contribuye de forma eficiente a reducir la brecha de renta de los agricultores con respecto al resto de ciudadanos; más bien, supone un incremento de ingresos que favorece un modelo de concentración de la producción agraria que no contribuye a la sostenibilidad ambiental ni al equilibrio territorial, y menos a mantener el modelo de agricultura familiar e integración territorial propio de Europa.

Con respecto a la simplificación, la enmienda aragonesa señala que es importante evitar sistemas de control y penalizaciones desproporcionadas en relación al binomio coste público del control/eficiencia de las ayudas en relación al objetivo al que se orientan, y que especialmente las medidas y controles deben ser más transparentes y justificables socialmente.

Además, denuncia que la complejidad actual no se justifica en términos de eficiencia económica, ambiental y social, y que más bien podría considerarse que deriva del mantenimiento de un statu quo innecesario.

Finalmente, otras enmiendas defienden la necesidad de avanzar hacia una posición más equitativa de los productores en la cadena alimentaria y piden una mayor atención a la promoción del pastoreo de la ganadería extensiva en áreas marginales y de baja producción forrajera o en superficies no agrarias.

Todas estas aportaciones se fundamentan en el documento Hacia una PAC más justa y eficaz, que recoge las propuestas del Gobierno de Aragón para la próxima reforma de esta política comunitaria. El documento ha sido también enviado al Comité de las Regiones.

El Comité Europeo de las Regiones (CdR), cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los Estados miembros de la UE. A través del CdR, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación de la UE que repercute directamente en las regiones y ciudades.