Un gran número de agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana, los más profesionales del sector, siguen a fecha de hoy sin cobrar las ayudas integras de la PAC del pasado año que proceden además en su totalidad de fondos europeos, según denuncia LA UNIÓ de Llauradors.

Esta organización profesional agraria es consciente de los problemas que ha originado el programa informático SINAPA del Ministerio de Agricultura al que estaba acogido la Conselleria de Agricultura en 2015, pero le exige un esfuerzo en la gestión para agilizar los pagos lo máximo posible porque el agricultor o ganadero no tiene que sufrir la mala gestión de las Administraciones Públicas.

Todos los años estas ayudas se cobraban en dos plazos, un primer adelanto el 15 de octubre y en diciembre, el resto. Casi en el mes de mayo, y a dos meses de concluir el plazo de solicitud de las ayudas de 2016, una gran mayoría de beneficiarios no ha cobrado todavía la anualidad anterior.

Estas ayudas de la PAC van dirigidas a productores de olivar, frutos secos, uva de vinificación y de mesa, cítricos, cereal-incluido arroz y a subsectores ganaderos como el ovino-caprino o vacuno. El perjuicio es muy evidente para los profesionales de todos estos sectores que son los que siguen sin cobrar y entre ellos por ejemplo los arroceros dónde prácticamente la totalidad de los productores -más de 3.000- aún no ha percibido casi nada de las ayudas del año pasado, únicamente una mínima parte de la ayuda acoplada al arroz.

Cabe señalar que en 2015 las solicitudes del pago único se tramitaron a través del programa SINAPA, propio del Ministerio de Agricultura, lo que en teoría facilitaba y agilizaba los datos al organismo pagador. Lo cierto es que el sistema no ha funcionado, lo que ha provocado que Conselleria de Agricultura haya vuelto al anterior, y muchos de los beneficiarios de estas ayudas no solo no han cobrado sino que desconocen a estas alturas sus derechos de pago básico definitivos.

En la Comunitat Valenciana son comunes las transferencias de derechos entre unos perceptores y otros, circunstancia que según las Administraciones está retardando el pago. Sin embargo para el cálculo de los derechos el importe que debe recibir cada agricultor, se basa en sus cobros de 2014, tiempo suficiente para que tanto la Administración autonómica como la estatal hubieran hecho un cálculo del mismo y al menos adelantar un porcentaje de dicha ayuda.

LA UNIÓ considera que “por unas cosas u otras lo cierto es que en las fechas en las que nos encontramos nunca se había dejado de cobrar una ayuda con financiación 100% europea, lo que demuestra que el error proviene de la deficiente gestión administrativa de las diferentes Administraciones Públicas”.