12,dic.’03.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Biovigilancia, adscrita al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y presidida por la Secretaria General de Agricultura y Alimentación, y entre cuyos vocales estarán representados los ministerios de Sanidad y Consumo, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, Comunidades Autónomas, científicos, asociaciones y organizaciones profesionales agrarias, así como expertos en la materia y consumidores.
Este órgano colegiado tiene como función principal asesorar al Ministerio de Agricultura en todos los temas relacionados con organismos modificados genéticamente (OGM), en el ámbito de las competencias del MAPA, en especial sobre el establecimiento, desarrollo y aplicación de los planes de seguimiento de las variedades transgénicas y sobre la coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos.
Con los planes mencionados se persigue efectuar un seguimiento continuado de los efectos ligados a la introducción de variedades comerciales transgénicas cumpliendo así la normativa específica sobre esta materia.
Conviene recordar que el procedimiento de inscripción de una variedad transgénica se realiza en el Registro de Variedades Comerciales del MAPA y consiste, como en cualquier otra variedad, en la verificación de una serie de características que garanticen que la variedad es distinta, estable, homogénea y de valor agronómico, exigiéndose además el cumplimiento de un plan de seguimiento aprobado por el MAPA, en el caso de las variedades que contengan OGMs
Este Plan permite estudiar el comportamiento de la modificación genética incorporada a la variedad y vigilar sus efectos sobre el suelo, la alimentación animal o los cultivos convencionales con los que conviva, así como reaccionar frente a consecuencias adversas o inesperadas. Es decir, que su autorización y utilización ha de ser sometida a los principios de prevención y cautela.
En definitiva, con la creación de esta Comisión se pretende transmitir la mayor confianza posible en el uso de estas nuevas tecnologías, tanto en el sector agrario como en el de los consumidores, asegurando al mismo tiempo una mayor transparencia en la actuación de las administraciones públicas al facilitar una amplia información en tiempo real, a los ciudadanos de cuantos acontecimientos se produzcan en el campo de la biotecnología aplicada a la agricultura.
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