20 de mayo de 2004. La organización UPA lamenta como altos cargos de la Junta de Castilla y León sigan sin asumir públicamente ni siquiera una pequeña parte de responsabilidad sobre uno de los problemas más graves que padece nuestra región desde hace tiempo y que se resume en un abandono masivo de ciudadanos del medio rural con destino a las ciudades y un despoblamiento que está generando graves problemas sociales y económicos.
Resulta sorprendente escuchar en un foro tan importante como es el I Simposium Hispano Suizo que se celebra en Salamanca estos días como el director general de Medio Natural, Mariano Torre, se haga preguntas tales como dónde ha ido el dinero de la PAC, cuando en la Administración regional son muy sabedores de cuántos, quiénes y qué tipo de productores han recibido los pagos compensatorios de la política agraria comunitaria. En UPA nos preguntamos si acaso en tantos años de gobierno al frente de la Administración regional no han tenido tiempo suficiente para conocer si los fondos de la PAC han ido dirigidos a los agricultores y ganaderos que habitan el medio rural o a otro tipo de productores.
De igual modo y ante las reflexiones realizadas en este foro internacional por parte de responsables del Gobierno autonómico, UPA no puede por menos que preguntarse porqué las aportaciones que la Junta de Castilla y León promete ahora para el futuro y que se resumen en “poner la semilla” (sic) no se hayan hecho antes y así haber `sembrado´ hace tiempo para poner solución a la crisis que sufre actualmente el medio rural.
En cualquier caso UPA recuerda a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León que mantener con vida los pueblos y a sus habitantes no sólo se logra a través de recursos económicos de la PAC, sino también y sobre todo respondiendo con infraestructuras suficientes, servicios necesarios, sanidad adecuada y educación destinada a los más jóvenes. Y es que durante mucho tiempo estas demandas no han sido atendidas suficientemente y la realidad dice que los agricultores y ganaderos que habitan los pueblos han sido tratados por las distintas administraciones como ciudadanos de tercera categoría.
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