En la mañana de hoy, 26 de octubre, Juan Antonio Rodríguez Ferrero, responsable regional de remolacha, y Jesús Manuel González Palacín, Coordinador General de la Unión de Campesinos de Castilla (UCCL) se han reunido con el Secretario General, Josep Puxeu, y el Director General del Ministerio de Agricultura, Fracisco Mombiela, al objeto de analizar la situación en la que se encuentra el sector remolachero tras la aprobación el pasado 26 de septiembre de una modificación de Reglamento Comunitario que regula la reestructuración azucarera.

Desde esta Organización se considera decepcionante el resultado del citado encuentro, teniendo en cuenta que apenas se han producido avances en el desarrollo del Real Decreto que va a desarrollar en España el citado Reglamento comunitario. La Unión de Campesinos ha reiterado la necesidad de que se aclare que cultivadores se van a beneficiar del pago adicional de 237,5 euros por tonelada de azúcar abandonada, apostado porque sean los cultivadores históricos, es decir, aquellos que perciben pago único (sembraban remolacha en el periodo establecido como referencia 2004 / 2005 y 2005 / 2006), por entender que esta es la única forma de dar una salida digna a aquellos cultivadores que decidan abandonar la explotación tras años de dedicación a este cultivo.

Los representantes de UCCL en ese encuentro han mostrado su malestar con las distintas Administraciones Públicas implicadas, tanto Ministerio como Junta de Castilla y León, por entender que están dejando hacer a Azucarera Ebro a su antojo, esperando que sea ella la que marque los pasos a seguir en la reestructuración sin tener en cuenta los intereses generales del sector remolachero.

La Unión de Campesinos de Castilla y León considera que la única salida que queda a los cultivadores que se dedican a esta actividad es superar el 50% de abandono para que se activen los mecanismos que permiten que el resto de los profesionales puedan optar a las ayudas de seis euros que establece la reforma de la Organización Común del Mercado del Azúcar aprobada en febrero del 2006, pero esa renuncia debe ser totalmente controlada por las Administraciones.

Por último, esta Organización insta tanto al Ministerio como a la Consejería de Agricultura a que “hagan sus deberes”, agilizando, todo lo posible la publicación de la normativa correspondiente para que el cultivador sepa a que atenerse y evitando desatinos como el que se planea abriendo la puerta a que los cultivadores soliciten el abandono (el Reglamento Comunitario establece para esto el 1 de noviembre) sin que sepan feacientemente en que condiciones lo hace.

Valladolid, viernes, 26 de octubre de 2007