20 de octubre de 2004. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos continúa realizando gestiones para convocar una manifestación de todos los agricultores en Madrid para protestar por la subida de los precios del gasóleo. Según Cristóbal Torres, secretario general de UPA-Castilla-La Mancha «llevamos meses trabajando para que el Gobierno central convoque a los sectores afectados a una mesa de diálogo en la que se aporten soluciones a esta subida de precios, pero si el Gobierno no reacciona todos los agricultores y sus organizaciones debemos manifestarnos conjuntamente allí donde se toman las decisiones que nos afectan, en el Ministerio de Economía o el Ministerio de Agricultura en Madrid». A principios de agosto las tres organizaciones enviaron una carta al Ministerio de Economía y en septiembre se manifestaron conjuntamente en Castilla-León. «Por eso no entendemos que otros planteen ahora acciones individuales y dispersas por la geografía regional». En agosto pasado UPA-Castilla-La Mancha ya envío una carta a las organizaciones agrarias Coag y Asaja para tomar medidas conjuntas contra la subida del gasóleo, que no ha sido contestada por ninguna de las dos.

Para el secretario general de UPA-Castilla-La Mancha «se trata de un problema gravísimo, estamos hablando de precios por encima de las 100 pesetas, hasta 72,8 € hemos llegado a ver en los postes. Por eso, aunque respetamos las decisiones de otras organizaciones, creemos que en nada beneficia a los agricultores andar entreteniéndonos en otras maniobras. Hay que ir directamente a la capital de España, donde está el Gobierno de la Nación, para que tome medidas. Así lo hemos entendido en UPA-Castilla-La Mancha, que ya en agosto llamamos a la unidad de acción a las organizaciones agrarias regionales, tal y como vienen éstas haciendo a nivel federal».

Según las estimaciones realizadas por UPA-Castilla-La Mancha, la subida del precio del gasóleo y otros derivados del petróleo como los fertilizantes y los plásticos, ha provocado unas pérdidas en torno a los 20 millones de euros desde el mes de mayo a los agricultores de la región. Para paliar esta situación UPA exige compensaciones fiscales y una revisión de los acuerdos obtenidos en el año 2000.