Toledo, 3 de junio de 2005.- La Asociación Agraria – Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha expresado su más firme rechazo a la decisión adoptada por la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura de autorizar 37,5 hectómetros cúbicos por considerarla imprudente a la vez que un desprecio a los agricultores castellano-manchegos, que sufren no sólo los daños de una tremenda sequía sino las amenazas de cierre de los pozos del acuífero 23.
La Organización Agraria, que ayer convocó a más de un millar de agricultores en la localidad ciudarrealeña de Socuéllamos en demanda de una solución a la situación de los pozos en el acuífero 23, ha calificado de “una auténtica contradicción” la política del Ministerio de Medio Ambiente que, por una parte, aprueba un nuevo trasvase de agua de la cuenca del Tajo a la del Segura sin tener en cuenta la situación precaria de los embalses de Entrepeñas y Buendía y, por otra, se niega sistemáticamente a escuchar las reivindicaciones de los regantes del acuífero 23 que, aunque pertenezca a una cuenca hidrográfica distinta, reclaman el uso del agua para garantizar el riego de cultivos agrícolas, que este año están especialmente amenazados por la sequía.
Según ASAJA de Castilla-La Mancha, estas decisiones suponen una “provocación” por parte del Ministerio de Medio Ambiente que sigue haciendo oídos sordos a las necesidades castellano-manchegas, a pesar de que la falta de agua podría poner en serio peligro no sólo la viabilidad de las producciones agrícolas y ganaderas sino el abastecimiento de poblaciones.
ASAJA de Castilla-La Mancha reitera su defensa de los intereses hídricos de esta región y, por tanto, la necesidad de que esta región pueda utilizar el agua de las cuencas que atraviesan su territorio. Es por ello que exige al Ministerio de Medio Ambiente una mayor coherencia y justicia en sus decisiones lo que, según la Organización, pasaría por poner fin al trasvase Tajo-Segura, y dar una solución definitiva a la situación de los pozos en el acuífero 23 a través de la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana.
La Organización Agraria ha destacado que su única finalidad es defender los intereses de los agricultores que, en su mayoría, se sienten “agredidos” por la política del Ministerio de Medio Ambiente al que ha pedido más cautela en sus decisiones.
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