Toledo, 16 de febrero de 2006. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a la clase política para que actúe con responsabilidad en la solución de los problemas que afectan al Alto Guadiana porque se trata de un problema que afecta al conjunto de la sociedad castellano manchega y, por tanto, exige un compromiso firme y un consenso unánime en la toma de decisiones.

La Organización Agraria ha lamentado que este asunto se haya convertido una vez más en motivo de batalla política porque los grandes perjudicados son los agricultores que sufren una situación de desconcierto a pesar de las continuas promesas incumplidas y ha advertido a los responsables políticos que “en el tema del agua lo que está en juego es el futuro de la región y, por tanto, no se debe utilizar como arma arrojadiza para conseguir ventajas políticas”.

ASAJA de Castilla-La Mancha no ha entrado a valorar si lo conveniente es legalizar o promover una “amnistía” para los pozos ilegales o, si por el contrario, esta actuación supondría un “atropello” y “adentrarse en un callejón sin salida”, como ha señalado recientemente el director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop. Lo fundamental, según la Organización Agraria, es encontrar una solución consensuada ya sea por esta vía, mediante la recarga de acuíferos a través del trasvase Tajo-Segura, mediante el Plan Especial del Alto Guadiana o mediante la conjunción de todas estas medidas. Pues, como ha dicho la propia ministra Narbona “cuando un problema legal afecta a miles de ciudadanos se convierte en un problema social”.

Urge, según la Organización, la ordenación de los recursos hídricos de la zona que permita un mejor aprovechamiento del agua, a la vez, que una política hidráulica que evite, en cualquier caso, el uso abusivo de las aguas subterráneas.

En este sentido, ASAJA de Castilla-La Mancha ha insistido en que la solución a los problemas del Alto Guadiana es urgente ya que intervienen factores económicos, sociales y políticos que exigen un consenso unánime de las fuerzas políticas.

Según ASAJA de Castilla-La Mancha, es lamentable que mientras que los agricultores ven peligrar sus explotaciones agrarias por la falta de agua, y el conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha va muy por delante de los responsables políticos, éstos sigan sin dar la talla y estén abotargados en un proceso de críticas en aras de descalificar al contrario en vez de aunar esfuerzos para solucionar un problema social.

La Organización asegura que los pozos denominados ilegales fueron abiertos por extrema necesidad para intentar salvar muchos cultivos en época de sequía y, por tanto, considera justificado que se establezca una moratoria en las sanciones a los agricultores por detraer agua, con independencia de que esa palabra sea incorrecta o no, hasta que un nuevo marco legal regule esta situación que se ha generado después de más de veinte años de desidia y dejación de funciones por parte de las Administraciones hidráulicas de turno.