Santander, 17 de agosto de 2006.- El apoyo que desde la administración comunitaria, a través de la PAC, se viene prestando en los últimos años al fomento de los cultivos energéticos resulta muy interesante tanto para las empresas que apuestan por el desarrollo de los biocombustibles como para los propios agricultores que deciden incorporarse a la producción de estos cultivos. Sin embargo, el desarrollo de esta forma de energía (ya sea biomasa, bioetanol o biodiesel) necesita de un impulso decidido por parte de todas las administraciones, también central y autonómica, que deben arbitrar medidas efectivas para que esta iniciativa europea tenga el éxito esperado.

Desde que en 2004 la UE pusiera en marcha el denominado “crédito carbono”, una ayuda para la producción de cultivos energéticos de 45 euros/ha. para 1,5 millones de hectáreas comunitarias, el total de superficie acogida a este programa en España ha sido de 6.800 has. en 2004 y 27.321 en 2005. Evidentemente, éstas cifras quedan muy lejos de las posibilidades reales que ofrece el programa, máxime si tenemos en cuenta que su dotación económica asciende a 67,5 millones de euros anuales (mas de 11.000 millones de ptas.) y a nuestro país tan solo llegaron, en 2004 y 2005, 0,3 y 1,2 millones de euros respectivamente.

“Indudablemente resulta difícil plantear éstos resultados como un éxito -explicó el presidente de ASAJA en su intervención- y entre todos debemos estudiar los fallos y corregir los errores, máxime ante las previsiones de revisión del programa planteadas por la Comisión Europea”. En opinión de ASAJA, tanto los rendimientos por hectárea, como la limitación de superficie y los precios del cereal juegan un papel decisivo a la hora de tomar decisiones por parte del agricultor y por tanto estos factores deben tenerse muy presentes si queremos evitar el fracaso de los mecanismos de apoyo a los cultivos energéticos a los que España debe prestar la máxima atención.

En este sentido, Pedro Barato reclamó a las administraciones central y autonómica un mayor esfuerzo en las políticas de aprovechamiento y desarrollo de los cultivos energéticos y abogó por la adopción de medidas eficaces que permitan un verdadero despegue de esta alternativa de cultivo no alimentario. En concreto se refirió al sistema para establecer los precios, “conviene olvidarnos de los precios de intervención del cereal como referencia y prestar atención a las lonjas e incluso a los precios del petróleo” y al necesario incremento de la superficie y de la prima unitaria al crédito carbono, “esta última que debería situarse entre los 100 y los 120 euros por hectárea”.

Por último, Barato también pidió medidas fiscales que ayuden al desarrollo de estas iniciativas, que se incrementen las líneas de investigación para la mejora genética de las variedades de cultivo y la creación de un órgano colegiado sobre biocombustibles en España en el que participen Administración (ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Industria y Economía) sector industrial y sector agrario. Este Comité Asesor de Boicarburantes debería tener carácter permanente y reuniones ordinarias de seguimiento.