Valencia, 24 de noviembre de 2006. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha criticado la “criminalización” que se está haciendo de los propietarios de terrenos agrícolas al atribuirles la responsabilidad del aumento del precio de la vivienda. Según denuncia la organización agraria, el agricultor percibe una media de 180 euros por el metro cuadrado de terreno calificado de urbano sobre el que no se ha iniciado ninguna actuación, una cifra que se incrementa de manera desorbitada en los trámites de urbanización posteriores.

“Ya está ocurriendo con el suelo como con los cítricos, aunque el agricultor es el propietario vende a un precio bajísimo, percibe 0,20 céntimos por el kilo de clementinas, en comparación con lo que se paga por el producto final, entre 1 y 5 euros por el kilo de estas mandarinas, y eso es porque entre ambos extremos hay alguien que se enriquece a nuestra costa”, afirma el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.

Aguado critica la desprotección de los agricultores ante los especuladores y ante la propia Administración. “Existen agentes que utilizan información privilegiada y que se aprovechan del agricultor, que es el propietario natural de los terrenos y al que deberían corresponderle una parte de las plusvalías derivadas de su venta, aunque quiera hacerse creer que son los propios agricultores los que se benefician con el encarecimiento del suelo y provocan el encarecimiento de las viviendas”, denuncia el dirigente agrario.

La organización agraria insiste en que una rebaja en el precio que perciben los propietarios de los terrenos agrícolas no llevaría aparejada un descenso del precio final de la vivienda, “lo que demuestra que el encarecimiento se produce una vez el agricultor ha vendido los terrenos”.

En el mismo sentido Aguado también considera “una gran irresponsabilidad que la Ley del Suelo pretenda atajar la especulación con un férreo control del precio que perciben los agricultores, que prácticamente tendrán que regalar los terrenos si se implanta el sistema de valoración del suelo en función de la renta real o potencial”. AVA considera que “la Administración debe hacer un estudio reflexivo y objetivo sobre el encarecimiento de las parcelas resultantes así como el de las infraestructuras que se construyen sobre ellas pero con esta especie de expropiación sin coste los agricultores serán el único sector económico perjudicado”.