Sevilla, 9 de enero de 2007.- El intervencionismo y centralismo exacerbado que muestra la Junta de Andalucía en todos los sectores de nuestra economía se intenta ampliar ahora a los suelos agrarios, a los que se quiere blindar hurtando así una competencia más a los Ayuntamientos en beneficio de la Junta de Andalucía.

Con la excusa tan peregrina como falsa de que la caña de azúcar desaparece en la costa granadina por presiones urbanísticas, cuando la razón real de su desaparición está en la nula rentabilidad económica del cultivo como consecuencia de la falta de atención por parte de la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, trató ayer de justificar en su comparecencia ante la prensa una medida que trata de reducir competencias a las Administraciones Locales, las más cercanas a los ciudadanos, para adjudicárselas a la Junta de Andalucía so pretexto de evitar acabar con la pérdida de suelo agrario.

Se trata de utilizar cualquier escándalo, urbanístico o no, en detrimento de las competencias de los ayuntamientos, la «cenicienta» de las Administraciones públicas españolas, cuando todo el mundo sabe que la responsabilidad última de cualquier decisión urbanística siempre recae en la Comisión de Urbanismo de la Junta de Andalucía, auténtica responsable de los abusos cometidos en materia urbanística por determinados ayuntamientos andaluces.

Ya es hora de poner freno a la satanización de los ayuntamientos en materia urbanística, a juicio de ASAJA la solución no está en hurtarles competencias sino en ayudarles financieramente para que puedan cumplir sus cometidos, de manera que se pueda contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía desde los ciudadanos a los dirigentes, y no al contrario, como la Junta de Andalucía se empeña en defender en los últimos tiempos con su afán de control centralista fuera de lugar.

La sociedad andaluza debe saber que no cabe más garantía para que las tierras agrarias sigan siéndolo que evitar el hundimiento de cultivos como el algodón, la remolacha o la caña de azúcar por la dejadez del Gobierno Central y Autonómico. Además la carencia de una política hidráulica nacional favorece la pérdida de rentabilidad de los cultivos y por tanto el destino a uso no agrario del suelo. En consecuencia, si el agricultor no tiene alternativa agraria tendrá que buscar otra alternativa dentro del campo legal que permite la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía, textos legales en los que por cierto, se definen muy detalladamente el cometido de nuestros Ayuntamientos, importantísimos para el Estado de Derecho que disfrutamos.

Por otra parte, en la referida rueda de prensa el consejero de Agricultura calificó el abandono del campo como un «signo de progreso», un despropósito que en boca del consejero es delirante, pues resulta contradictorio que sea el propio consejero de Agricultura el que identifique el abandono de la actividad agraria y el despoblamiento del campo con la modernidad, cuando todos sabemos que el despoblamiento rural es la primera causa de la pérdida de biodiversidad, de la proliferación de incendios forestales y en definitiva del daño a nuestro medio ambiente.