Se ha conseguido el objetivo de mantener una OCM fundamentada en la existencia de las Organizaciones de Productores (OP) y sus Programas Operativos (PO). Como demandaba CCAE, se mejoran las condiciones de financiación de los PO presentados por las Asociaciones y las OP fusionadas así como, los mecanismos de constitución de los Fondos Operativos a partir de fondos propios. Sin embargo, era una petición de CCAE que el porcentaje de financiación comunitaria se elevara al 60% para nuevas acciones y que el tope de 4,1% de la VPC que limita la ayuda comunitaria al FO se incrementara para hacer efectivo el paso del 50% al 60%, sin que ello se haya conseguido.

El capítulo de transformados queda abierto y deberá ser concretado por el Ministerio. CCAE espera que, a partir de ahora la Administración española gestione adecuadamente el margen de maniobra que le ha otorgado el Consejo primando la concentración de la oferta, es decir a los productores asociados en OP, tanto durante como después del periodo de transición. Las cooperativas se lamentan de que la Comisión haya tenido muy en cuenta los intereses de las industrias (vinculando la ayuda transitoria a un contrato de transformación, lo cual entendemos perjudicará las condiciones de negociación de precio) y, sin embargo, no haya condicionado el acceso a esas ayudas a la pertenencia a una OP (cuestión que deja a decisión de cada Estado miembro).

En lo que se refiere a cítricos, CCAE se decantaba por el mantenimiento del régimen actual de ayudas que estaba funcionado correctamente. Ahora, pide al Ministerio que despeje las dudas del sector y deje claro cuanto antes, que el nuevo sistema de apoyo, por coherencia con el resto del a OCM, se destinará a los productores socios de OP y que los contratos de transformación sólo podrán ser suscritos por estas organizaciones.

Por cuanto respecta al sector del tomate, CCAE está satisfecha, si bien falta que el Ministerio logre un acuerdo para que el nivel de desacoplamiento sea mayoritario y se equiparen las condiciones de competitividad en España e Italia.

La cuestión de la supresión de la prohibición de activar los pagos únicos en superficies de frutas y hortalizas se ha saldado también, con el establecimiento de un periodo transitorio que dará un respiro a determinados cultivos amenazados, como había reclamado CCAE.

El Consejo se ha decantado por confiar también a las OPFH la gestión de crisis por medio de sus Programas Operativos. Tal y como reclamaba CCAE, el sector obtendrá así un apoyo financiero extra de Bruselas para mejorar su capacidad de reaccionar frente a Crisis del Mercado, por medio de nuevas formas de retirada de producto y la financiación de créditos bancarios.

Sin embargo, se ha puesto también en evidencia la incapacidad de los gobiernos para diseñar una solución específica al problema más profundo al que se enfrenta el sector de las Frutas y Hortalizas en los últimos tiempos: la Gestión de Crisis Graves, que hubiera requerido una intervención mejor dotada financieramente y la posibilidad de acumulación de fondos de una año a otro. Esta opción se ha quedado en una mera declaración de intenciones que no protege los agricultores a corto ni medio plazo.

El Ministerio ha cumplido con su compromiso de lograr luz verde para otorgar una ayuda nacional a los productores de tomate españoles durante la campaña 2007/08, que sirva para compensar la pérdida de rentabilidad del cultivo debida a la penalización del antiguo régimen, basado en un reparto de umbrales injusto para España. Sin embrago, el presupuesto que podrá gastar el gobierno español es inferior a las demandas del sector.