La organización agraria ASAJA de Castilla y León considera que la regulación por Real Decreto de la mejora y seguridad vial en la red de caminos rurales que prepara el Gobierno de la nación, no tiene otro fin que el recaudatorio y poner más trabas si cabe al desempeño de la actividad agropecuaria.

Del borrador del texto que el ministerio de Agricultura ha remitido a las organizaciones agrarias se desprende la voluntad de aplicar en toda su amplitud las normas generales de tráfico a todos los vehículos que circulen por los caminos rurales, particularmente a los vehículos agrícolas. Así, a una limitación específica de velocidad que en principio no parece un problema, se suma la obligación de que todos los desplazamientos de la maquinaria agrícola se ajusten al Reglamento General de Circulación, y que las dimensiones de la maquinaria cumplan con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos.

Esto implica que el desplazamiento por los caminos rurales supone respetar todas y cada una de las normas de circulación, y todas las normas que afectan al peso, tamaño y homologación técnica de los vehículos o maquinaria. Esto supone en opinión de ASAJA un enorme perjuicio económico para el sector agrario, ya que hay mucha maquinaria no apta para circular por las carreteras pero que se está utilizando en las labores agrícolas al limitar el desplazamiento al uso exclusivo de los caminos rurales y que ahora con la nueva normativa habría que achatarrar. Innecesaria, costosa económicamente y agresiva con el medio ambiente es también, en opinión de ASAJA, la obligación de señalizar los caminos rurales con la señalización vertical de Tráfico.

Para garantizar la eficacia sancionadora, se aplicará el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, lo que significará que se castigará al sector agrario con unas sanciones totalmente desproporcionadas. Se encargarán de la vigilancia los agentes de la autoridad, como pueda ser la Guardia Civil o la policía municipal, el SEPRONA, y en ausencia de los mismos, tendrán la consideración de agentes de la autoridad los agentes forestales.

ASAJA de Castilla y León lamenta que esta innecesaria regulación adicional de los caminos rurales se centre casi exclusivamente en prohibiciones en el uso y apenas se mencione, y por supuesto no se concrete, medidas económicas para la mejora de los mismos. No olvidemos que los caminos rurales son en su mayor parte competencia de los ayuntamientos, unos ayuntamientos que no tienen presupuesto para su reparación pues bastante hacen con atender las mejoras de las vías urbanas y los servicios más básicos de la población. Lejos de dar soluciones a los ayuntamientos el Gobierno crea problemas nuevos, pues según el texto del futuro Real Decreto para las nuevas construcciones de los caminos se requiere el compromiso previo de los ayuntamientos de establecer un plan de mantenimiento con indicación de las operaciones rutinarias y periódicas que deban realizarse.

Una vez más el Gobierno legisla para crear problemas a un sector productivo como el agrario dejando a un lado compromisos económicos concretos para solucionar el único problema que a este respecto tiene el sector: mejorar el estado de los caminos rurales para que los agricultores y ganaderos, principales usuarios, puedan desplazarse por los mismos de forma rápida y segura.